Un juez federal dictaminó que la administración del presidente Donald Trump no puede impedir que el dinero federal para subsidios de cuidado infantil y otros programas destinados a apoyar a los niños necesitados y sus familias fluya a cinco estados liderados por los demócratas por ahora.
Los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York argumentaron que una política anunciada el martes para congelar fondos para tres programas de subvenciones está teniendo un impacto inmediato en ellos y creando un “caos operativo”. En documentos judiciales y en una audiencia el viernes anterior, los estados sostuvieron que el gobierno no tenía una razón legal para retener el dinero de esos estados.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. dijo que estaba pausando la financiación porque tenía “razones para creer” que los estados estaban otorgando beneficios a personas que se encontraban en el país ilegalmente, aunque no proporcionó pruebas ni explicó por qué se dirigía a esos estados y no a otros.
Los programas son el Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil, que subsidia el cuidado infantil de niños de familias de bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que brinda asistencia en efectivo y capacitación laboral; y la Subvención en Bloque de Servicios Sociales, un fondo más pequeño que proporciona dinero para una variedad de programas.
Los cinco estados dicen que reciben un total de más de 10 mil millones de dólares al año de los programas.
El juez de distrito estadounidense Arun Subramanian, nominado para el cargo por el expresidente Joe Biden, no se pronunció sobre la legalidad del congelamiento de fondos, pero dijo que los cinco estados habían alcanzado un umbral legal “para proteger el status quo” durante al menos 14 días mientras se presentan los argumentos en el tribunal.
El gobierno había solicitado una gran cantidad de datos de los cinco estados, incluidos los nombres y números de Seguro Social de todas las personas que recibieron beneficios de algunos de los programas desde 2022.
Los estados argumentan que el esfuerzo es inconstitucional y tiene como objetivo perseguir a los adversarios políticos de Trump en lugar de erradicar el fraude en los programas gubernamentales, algo que los estados dicen que ya hacen.
La historia continúa debajo de este anuncio.
Jessica Ranucci, abogada de la Fiscalía General de Nueva York, dijo en la audiencia del viernes, que se llevó a cabo por teléfono, que al menos cuatro de los estados ya habían tenido dinero retrasado después de solicitarlo.
Dijo que si los estados no pueden obtener fondos para el cuidado infantil, habrá incertidumbre inmediata para los proveedores y las familias que dependen de los programas.
Una abogada del gobierno federal, Kamika Shaw, dijo que tenía entendido que el dinero no había dejado de fluir a los estados.
