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La Contraloría General de la República presentó los resultados del operativo de control simultáneo “Comisarías Básicas PNP 2025”, exponiendo una crítica situación logística y de infraestructura en las delegaciones policiales a nivel nacional. Tras supervisar una muestra de 485 comisarías entre octubre y noviembre de 2025, el órgano de control identificó 2,582 situaciones adversas que comprometen la capacidad de la Policía Nacional para combatir la delincuencia.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el estado de la flota vehicular. De un total de 4,121 unidades (entre patrulleros, camionetas y motocicletas), 1,730 se encuentran inoperativas. Esta carencia de unidades móviles limita drásticamente el patrullaje preventivo, especialmente en Lima Metropolitana, Áncash y Puno, regiones que concentran el mayor número de deficiencias.
Equipamiento deficiente y riesgo para agentes
La precariedad no se limita al transporte. El informe detalla que los efectivos policiales trabajan con equipos informáticos obsoletos o malogrados: de 6,835 computadoras inspeccionadas, 1,823 no funcionan. A esto se suma la falta de suministros básicos para la operatividad administrativa, con más de 2,000 impresoras y un centenar de escáneres fuera de servicio.
En cuanto a la seguridad personal de los agentes, la Contraloría alertó que la dotación de chalecos antibalas es insuficiente y que gran parte de los existentes están vencidos o deteriorados. Esta situación expone a los efectivos a riesgos mortales durante las intervenciones contra el crimen organizado y el sicariato.
Comisarías de adobe y falta de planificación
La infraestructura policial también presenta un panorama sombrío. Más de la mitad de las comisarías evaluadas superan los 30 años de antigüedad y 72 delegaciones están construidas con adobelo que las hace vulnerables ante sismos y condiciones climáticas. El reporte menciona casos críticos de deterioro en dependencias de Arequipa, Tacna y La Libertad, donde incluso el mobiliario —colchones, sillas y escritorios— se encuentra en estado de abandono.
En el aspecto estratégico, la supervisión reveló fallas en la gestión del servicio:
- 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos para operar.
- 208 delegaciones carecen de un “Plan de patrullaje por sector” para el año 2025.
- 107 dependencias no difunden el “Mapa del delito”, impidiendo que los ciudadanos identifiquen las zonas de mayor peligrosidad en sus distritos.
La Contraloría ya ha remitido estos resultados al titular del Ministerio del Interior para que se adopten medidas correctivas inmediatas. La falta de recursos operativos documentada pone en tela de juicio la efectividad de las estrategias gubernamentales frente a la actual crisis de inseguridad ciudadana.
