Se las ha acusado de mentir, de exagerar, de manipular. Se les ha pedido, “desde el cariño”, que dejen de “lanzar infundios”, de “desprestigiar al sistema público de salud” y de “atacar a los profesionales del SAS”, incluso se llegó a decir de ellas en el Parlamento andaluz, que habían difundido un bulo y que, por su culpa, colapsó el sistema informático del Servicio Andaluz de Salud. Las acusan de generar ruido, de negarse al diálogo, de alimentar una “polémica interesada”, de preferir manifestarse antes que sentarse con él. Se las desacredita con un tono paternalista, profundamente machista y clasista.
La estrategia del gobierno andaluz ante la crisis de los cribados ha sido, desde el principio, poner en duda la palabra de las mujeres, cuestionar su credibilidad y la autoridad como organización interlocutora en esta crisis. Como si exigir respuestas, transparencia y responsabilidades fuese un exceso, un capricho e, incluso, una insolencia. Como si manifestarse y organizarse fuera un error y “no la forma correcta” de abordar esta crisis. Como si mantenerse firmes y no prestarse a ser instrumentalizadas fuese, en sí mismo, una falta de educación o de comprensión de cómo debe actuar. Las malas mujeres, las mujeres rebeldes…
