El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos está “fabricando” una guerra contra él, mientras Washington envió el buque de guerra más grande del mundo hacia el país sudamericano.
Señala una importante escalada de la presencia militar de Estados Unidos en la región en medio de especulaciones sobre un intento de derrocar al gobierno venezolano.
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Maduro dijo en una transmisión nacional el viernes por la noche que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está “fabricando una nueva guerra eterna” a medida que el portaaviones USS Gerald R Ford, que puede albergar hasta 90 aviones y helicópteros de ataque, se acerca a Venezuela.
Trump lo ha acusado, sin aportar pruebas, de ser el líder de la banda del crimen organizado Tren de Aragua.
“Están fabricando una narrativa extravagante, vulgar, criminal y totalmente falsa”, añadió Maduro. “Venezuela es un país que no produce hoja de cocaína”.
Tren de Aragua, que tiene sus raíces en una prisión venezolana, no es conocido por tener un papel importante en el tráfico mundial de drogas, sino por su participación en asesinatos por contrato, extorsión y tráfico de personas.
Maduro fue ampliamente acusado de robarse las elecciones del año pasado en Venezuela, y países, incluido Estados Unidos, han pedido que se vaya.
Las tensiones están aumentando en la región, y Trump dice que ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y que está considerando ataques terrestres contra presuntos cárteles de la droga en el país caribeño.
Desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han bombardeado 10 barcos, ocho de los cuales ocurrieron en el Caribe, por su papel en el presunto tráfico de drogas a Estados Unidos. Al menos 43 personas han muerto en los ataques.
Funcionarios de las Naciones Unidas y estudiosos del derecho internacional han dicho que los ataques constituyen una clara violación del derecho estadounidense e internacional y equivalen a ejecuciones extrajudiciales.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo el sábado que el país está realizando ejercicios militares para proteger su costa contra posibles “operaciones encubiertas”.
“Estamos realizando un ejercicio que comenzó hace 72 horas, un ejercicio de defensa costera… para protegernos no sólo de amenazas militares a gran escala sino también del narcotráfico, amenazas terroristas y operaciones encubiertas que apuntan a desestabilizar el país internamente”, dijo Padrino.
La televisión estatal venezolana mostró imágenes de personal militar desplegado en nueve estados costeros y de un miembro de la milicia civil de Maduro portando un misil antiaéreo ruso Igla-S.
“La CIA está presente no sólo en Venezuela sino en todo el mundo”, dijo Padrino. “Pueden desplegar innumerables unidades afiliadas a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier parte de la nación, pero cualquier intento fracasará”.
Desde agosto, Washington ha desplegado una flota de ocho barcos de la Armada estadounidense, 10 aviones de combate F-35 y un submarino de propulsión nuclear para operaciones antidrogas, pero Caracas sostiene que estas maniobras enmascaran un plan para derrocar al gobierno venezolano.
Maduro dijo el sábado que había iniciado un proceso legal para revocar la ciudadanía y cancelar el pasaporte del político opositor Leopoldo López, a quien acusa de incitar a una invasión.
López, una conocida figura de la oposición venezolana que se encuentra exiliada en España desde 2020, ha expresado públicamente su apoyo al despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe y a los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
El líder opositor reaccionó en su cuenta X, desestimando la medida porque “según la Constitución, a ningún venezolano nacido en Venezuela se le puede revocar la nacionalidad”. Una vez más expresó su apoyo a un despliegue militar estadounidense y a acciones militares en el país.
López pasó más de tres años en una prisión militar después de participar en protestas antigubernamentales en 2014. Fue sentenciado a más de 13 años de prisión por cargos de “instigación y conspiración para delinquir”.
Posteriormente se le concedió arresto domiciliario y, tras ser liberado por un grupo de militares durante una crisis política en Venezuela, abandonó el país en 2020.
Mientras tanto, Estados Unidos también ha puesto al liderazgo de Colombia en su punto de mira.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior del país sudamericano, Armando Benedetti.
La decisión del viernes marcó una escalada significativa en la actual disputa entre el izquierdista Petro y su homólogo estadounidense, el derechista Trump.
En una declaración, el Tesoro de Estados Unidos acusó a Petro de no controlar la industria de la cocaína en Colombia y de proteger a los grupos criminales de la rendición de cuentas.
El Tesoro citó el plan “Paz Total” de Petro, una iniciativa diseñada para poner fin al conflicto interno de Colombia que dura seis décadas mediante negociaciones con rebeldes armados y organizaciones criminales.
Petro, un prolífico usuario de las redes sociales, respondió rápidamente que la decisión del Tesoro era la culminación de amenazas republicanas de larga data, incluida la del senador estadounidense Bernie Moreno, un crítico de su presidencia.
