Silencio, sombras, ocultamiento y falsedades son palabras que servirían para definir la acción institucional del gobierno valenciano desde la catástrofe de la DANA que dejó 229 víctimas mortales y numerosos heridos en aquella trágica tarde del 29 de octubre de hace un año. Aquel episodio meteorológico extremo anunciado por la AEMET con alertas rojas desde las 7:30 de la mañana estuvo precedido desde ocho días antes por avisos de llegada de episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, los sistemas de emergencia del gobierno valenciano no se activaron y la respuesta institucional fue tardía, confusa y descoordinada, todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los temporales que azotaron el País Valencià a finales del pasado septiembre y durante este mes de octubre. Esta vez sí se activaron los sistemas de emergencias y se envió por telefonía con horas de anticipación mensajes a la ciudadanía claros y concisos: abandonen las zonas bajas y suban a plantas superiores.
Estos mismos mensajes hace un año habrían evitado todas o la mayor parte de las 229 muertes. En las alertas de estas últimas semanas no se ha dudado sobre quién tiene las competencias que la ley confiere de forma clara y concisa a la Generalitat Valenciana. Y el 29 de octubre tampoco había ninguna duda: quien diga lo contrario miente, pues el propio Carlos Mazón el 1 de septiembre de 2022, cuando aún estaba en la oposición, en una rueda de prensa acompañado por la portavoz del PP Cuca Gamarra, le exigían responsabilidades al entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig por un suceso que estuvo a punto de provocar una gran desgracia cuando un tren al que nadie avisó casi fue alcanzado por un incendio forestal en la provincia de Castellón. Mazón y Gamarra imputaron a Puig “falta de responsabilidad, de decoro y de ejecución de competencias sobre emergencias que son de la Generalitat”. Es evidente que en 2022 el PP valenciano y el PP nacional sabían a quién correspondían las competencias en materia de emergencias y protección civil y también cómo se debía actuar. Cuando el 29 de octubre de 2024 decidieron conscientemente no lanzar las alertas, mantener su banal agenda y mofarse de quienes sí las habían activado, como la Universidad de Valencia, hipotéticamente para no crear alarma que desbaratase el jugoso puente del 1 de noviembre, estaban incurriendo en una negligencia muy grave cuyas consecuencias todos conocemos.
