España tiene un gran problema con el precio de la vivienda. Es una obviedad que avalan todos los datos y que ha colocado el asunto entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el CIS. Pero entre las dos partes del Gobierno hay una diferencia muy clara sobre la forma de frenar el incremento disparado de los alquileres que esta semana estuvo a punto de escalar. Aunque Sumar y el PSOE consiguieron encauzar el choque, la coalición de Yolanda Díaz sigue aumentando la presión para que el Ministerio de Vivienda asuma sus propuestas, de momento sin éxito.
Los partidos de Sumar coinciden en la necesidad de centrar en la vivienda todo el esfuerzo político de los próximos meses. La izquierda es consciente de que sin una respuesta clara a un problema como este, gran parte de las mejoras económicas conseguidas en los últimos años pueden quedar licuadas por la subida de los alquileres. Por eso la semana pasada los ministros del espacio presentaron un paquete de medidas para abrir una negociación con su socio de Gobierno. “Hace muchos meses que estamos separados (del PSOE) en esta materia, el ministro (de Derechos Sociales), Pablo Bustinduy, presentó un decreto que vamos a negociar a lo largo de estos días”, dijo el jueves la vicepresidenta segunda en una entrevista en Televisión Española.
Una de las medidas más importantes dentro de ese decreto que Sumar quiere negociar con su socio es una prórroga general durante tres años de los contratos actuales de alquiler. La medida tendría una enorme relevancia porque este año vencen muchos contratos que se firmaron durante los primeros meses de la salida de la pandemia y que lo hicieron en un contexto de bajadas de precios. Algunos expertos calculan que el volumen total de los contratos firmados en aquellos meses llega a los 300.000, aunque hay estimaciones que hablan incluso de medio millón.
Pero una semana después de presentar ese paquete de medidas, en Sumar aseguran que no habían recibido respuesta por parte de Vivienda, ni siquiera en la comparecencia en el Congreso que dio la ministra, Isabel Rodríguez. Por eso el enfado entre las filas del grupo plurinacional había ido creciendo con el paso de los días. Con la idea de lanzar un mensaje claro en este sentido, la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, lanzó duras críticas contra ella en una rueda de prensa el martes. Llegó incluso a deslizar que debía dejar su puesto a alguien que sí estuviese dispuesto a hacer algo para solucionar el problema de la vivienda.
El mensaje no sentó nada bien entre los socialistas pero tampoco gustó a algunos de los ministros de Sumar. En el entorno del Gobierno consideraron que poner el foco en la ministra para criticar al PSOE era un error, un mensaje que apuntaló días más tarde la vicepresidenta segunda en la entrevista en TVE. “No es un problema de personas, hay una diferencia entre la gestión que hace de la vivienda el PSOE y la que propone Sumar. Y da igual que sea una ministra u otra, las personas me pueden caer mejor o peor”, dijo.
“No tiene que dimitir”, dijo aquel mismo martes la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, preguntada por el asunto. El ministro Urtasun también evitó un choque directo y aseguró que estaban “dialogando” con Rodríguez. “Lo que vamos a tener es un diálogo para ver de la mejor manera en la que podemos afrontar esta cuestión”, dijo.
Después de la rueda de prensa del martes, la propia Martínez matizó el tono de sus palabras en una entrevista en Al Rojo Vivo y precisó que si hubiese pedido la dimisión de una ministra no habrían hecho falta clarificaciones. Pero el mensaje que lanzó era claro. En el grupo habían quedado contrariados después de que la ministra anunciase como única medida destacada en su comparecencia la creación de un teléfono de atención a los ciudadanos afectados por la vivienda, que en Sumar se tomaron prácticamente a chiste calificándolo como “teléfono de la esperanza”.
Hubo algunos diputados del grupo que sí plantearon directamente la dimisión de la ministra, como el portavoz de Compromís Alberto Ibáñez. “El tiempo de la ministra ha pasado”, dijo. El portavoz de los comuns, Gerardo Pisarello, también fue muy crítico con Rodríguez.
Vivienda evita el choque
En el ministerio de Rodríguez no encajaron bien las declaraciones pero tampoco la puesta en escena de Sumar la semana anterior para presentar las medidas. No obstante, Rodríguez ha evitado confrontar con su socio de coalición. “No soy una persona de estar en confrontación y en conflicto. No voy a alimentar ningún tipo de polémica que no va a ningún lado cuando lo que tenemos que estar es trabajando”, afirmó este miércoles la propia Rodríguez, para rebajar la tensión tras las palabras de la portavoz de Sumar. “Creo que dramatizamos demasiado en este país. Yo estoy a lo importante, que es levantar el Estado del bienestar”, aseguró.
Si la ministra intentaba rebajar el choque con esas palabras, no dio mucho resultado. “Dramática es la situación que vive la gente de este país con el problema de la vivienda”, le contestó Martínez en un post de BlueSky.
Desde Vivienda lamentan que la estrategia de Yolanda Díaz y sus ministros dé vía libre al ascenso de la extrema derecha. “Mientras discutimos entre nosotros, abrimos una autopista de tres carriles para quien dice que el problema de la vivienda se arregla deportando inmigrantes”, señalan fuentes del Ministerio, que evitan a toda costa el choque directo. “No vamos a discutir con nadie que tenga el mismo objetivo que nosotros. La confrontación es contra quien no quiere aplicar la Ley de Vivienda, contra quien da barra libre a los especuladores y contra quien se va a Miami (por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) a decir a los no residentes que se compren dos casas”, insisten.
El real decreto propuesto por Sumar incluye “medidas urgentes” como la prórroga de los contratos de alquiler en curso durante un mínimo de tres años y la congelación de los precios, algo que otras fuentes socialistas consideran incluso inconstitucional, porque invadiría competencias de las comunidades autónomas. Pero desde Sumar recuerdan que medidas como la congelación de alquileres ya se tomaron durante la pandemiavía real decreto.
Hay, eso sí, algún punto en común, como el IVA al 21% que los socios reclaman para los alquileres turísticos y que el PSOE tiene incluido en un paquete fiscal que se está tramitando en el Congreso o la normativa para regular los temporales, que se han comprometido a apoyar.
“Cualquier iniciativa que busque frenar la especulación, mejorar la situación en zonas tensionadas y garantizar el acceso a una vivienda digna es bien recibida. A partir de aquí, el Ministerio siempre trabaja con rigor jurídico”, señalan desde el entorno de Rodríguez.
Al margen de las medidas, entre los socios tampoco ha sentado bien la última campaña del Ministerio de Vivienda, en la que se muestra a tres ancianos compartiendo piso tras preguntar “¿cómo imaginas tu futuro?”. Los comentarios en la red social X hablaban de burla y tomadura de pelo a miles de jóvenes sin esperanza por ver arreglada su precariedad residencial. “Si lo que se cuestiona es una creatividad, yo puedo asumir la responsabilidad, pero llevando la cartera que llevo y atendiendo al principal problema de los españoles, que todo lo que me pase sea eso”, aseguró la ministra Rodríguez.
Lo que el Ministerio defiende a capa y espada es el teléfono gratuito que tanta indignación suscitó entre las formaciones de Sumar. “Nos lo han pedido las asociaciones de vecinos, de consumidores, los sindicatos de inquilinas. Evidentemente, no arregla el problema, pero hay mucha gente que no sabe a quién acudir, cómo pedir una ayuda o si les están estafando, porque hay interesados en que la información no se entienda. Es un servicio público”, argumentan.
En Sumar no obstante no dan la batalla por perdida y tienen previsto seguir insistiendo para que el Partido Socialista se siente a negociar el decreto. Estos días, la vicepresidenta ha hablado de que su coalición es la avanzadilla del Gobierno y en ese sentido esperan que el diálogo termine fructificando en un acuerdo como el que alcanzaron antes del verano para los nuevos permisos por cuidados o a principios de curso con la excepción a la tributación del salario mínimo.
