Una ley de memoria histórica a cambio de votos. Es la fórmula con la que el Partido Popular y Vox están dibujando en buena parte de España el mapa de la desmemoria, que se extiende en las comunidades en las que los populares gobiernan en minoría y necesitan a la extrema derecha para sacar adelante iniciativas. La derogación de las leyes autonómicas ya se ha consumado en Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria, y el mismo camino enfila Baleares, donde esta misma semana ambos partidos han sellado su acuerdo para tumbar una norma que han convertido en moneda de cambio.
El paso atrás en la legislación que reconoce derechos a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura fue una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP. El partido de Santiago Abascal decidió un año después y a cuenta del reparto de menores migrantes, romper con los de Feijóo y salir de los ejecutivos que compartían, pero ambas derechas se han seguido aliando con el mismo objetivo.
El movimiento de las autonomías ha chocado con la respuesta del Gobierno central, que está recurriendo las derogaciones ante el Tribunal Constitucional provocando su suspensión cautelar. El pulso político se intensifica en un año cargado de simbolismo y a las puertas de que este noviembre se cumplan 50 años de la muerte de Franco. Pedro Sánchez está aprovechando la efeméride para marcar perfil frente a la ofensiva reaccionaria y ya esta semana ha preparado el terreno con pasos adelante como la declaración como Lugar de Memoria de la sede de la Comunidad de Madrid a pesar de la oposición de Isabel Díaz Ayuso, y anuncios como la publicación del catálogo de vestigios franquistas.
Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras el borrado ultra de la memoria hay una retórica que reproduce línea por línea el argumentario revisionista de la extrema derecha. Un relato que sostiene que las leyes de memoria “provocan rencor y división” y que apela a la “reconciliación” evitando condenar el franquismo, equiparando el fascismo y la democracia de la Segunda República, alargando intencionadamente el marco temporal desde 1931 o incluso incluyendo a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, reza el texto aprobado en Extremadura.
La comunidad gobernada por María Guardiola ha sido la última en culminar el proceso a cambio del apoyo de los cinco diputados de Vox para sacar adelante una rebaja fiscal. En Baleares el esquema es similar aunque el camino acaba de empezar: lo aprobado estos días es la toma en consideración de la iniciativa con la contrapartida para el Ejecutivo de Marga Prohens de poder aprobar los presupuestos. El patrón se inició en Aragón, la primera autonomía en dar marcha atrás. Y no cualquier día: el 20 de noviembre de 2023, las derechas iniciaron el proceso. Poco después le tocó el turno a la Comunidad Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla.
A ellas se suma Cantabria, donde el PP, que gobierna en solitario, se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. No solo ocurre a nivel autonómico: acabar con la Ley de Memoria Democrática estatal fue una de las medidas que incluyó Alberto Núñez Feijóo en su programa para las últimas generales, aunque como en otros asuntos en los que parece que la ultraderecha está marcándoles el paso, hay territorios en los que los vaivenes son seña de identidad. Ejemplo de ello es Castilla y León, donde el PP ha llegado a votar con el PSOE en contra de la ley de concordia que presentó al inicio de la legislatura con Vox cuando gobernaban juntos.
De la República a la Guerra Civil
Con todo, la narrativa utilizada por las derechas es un conglomerado de referencias que, en la práctica, “lo que hacen es edulcorar el franquismo”, señala el historiador Pablo Alcántara. Sin ir más lejos, en la iniciativa extremeña y balear –que calcan parte de la exposición de motivos– no hay rastro de la palabra dictadura ni apelación ninguna al golpe de Estado de 1936. Tras referirse a “las convulsiones” tras la proclamación de la Segunda República y su “clima de inestabilidad” y “exclusión del adversario”, los textos apuntan a que “la conversación pública saltó por los aires entre 1931 y 1936” y así como si en el medio no hubiera habido una sublevación militar, pasan a afirmar: “La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”.
Las iniciativas únicamente nombran el franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre este periodo histórico a pesar de que es indudable que fue una dictadura marcada por la represión sistemática que tuvo por objetivo la limpieza ideológica y moral durante cuatro décadas. El exilio, los fusilamientos o los campos de trabajo forzado son solo ejemplos de un régimen cuyos efectos “han sido demostrados por los datos, las fuentes documentales y de archivo y la historiografía”, señala Alcántara, que piensa que PP y Vox “buscan establecer un marco que, en el fondo, está justificando el golpe de Estado” tal y como hizo la dictadura.
A lo mismo apuntan los colectivos memorialistas que en todas las comunidades han intentado frenar las derogaciones. “Este es el objetivo en todas partes: tratar que permanezca lo más intacta posible la memoria que el propio franquismo construyó sobre sí mismo”, sostiene la socióloga Lucila Aragó desde la Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo en la Comunidad Valenciana. La experta cree que las leyes de concordia impulsadas son “una garantía de impunidad” porque los crímenes del franquismo, desde las desapariciones forzadas a las condenas ilegales o la tortura, “son constitutivos de crímenes contra la humanidad, pero de esta forma permanecerán protegidos”.
El Gobierno de coalición ha reaccionado a la eliminación de la legislación con recursos ante el Tribunal Constitucional a medida que los parlamentos autonómicos han ido dando el paso. Con la admisión a trámite de las alegaciones, el tribunal ha suspendido cautelarmente las derogaciones o algunos artículos de las leyes de concordia en el caso de las comunidades en las que entraron en vigor. Los recursos alegan que las normas podrían “menoscabar” los derechos de las víctimas y “vulnerar competencias estatales”. Sin embargo, la paralización es temporal y habrá que esperar a que el Constitucional entre al fondo del asunto y dicte sentencia.
Paralelamente, el Gobierno denunció ante Naciones Unidas la contrarreforma a la memoria democrática autonómica, a lo que el organismo respondió alertando de que “podría transgredir la obligación del Estado español” de “proteger los derechos humanos”. Además, el informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU no pasa por alto que todos los textos “omiten nombrar o condenar” el franquismo, lo que “puede invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial”.
