La pequeña nación centroamericana de Belice firmó un acuerdo con Washington para actuar como un “tercer país seguro” para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
El primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, dijo que el acuerdo, que debe ser aprobado por el Senado de Belice, significará que los inmigrantes deportados de Estados Unidos podrán solicitar asilo en lugar de regresar a sus países de origen.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lo calificó como “un hito importante para poner fin a la inmigración ilegal” y “acabar con el abuso” del sistema de asilo estadounidense.
El acuerdo parece ser similar a uno con Paraguay anunciado en agosto.
Este año Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras también han acogido a personas deportadas por Estados Unidos.
Grupos de derechos humanos en Estados Unidos y en el extranjero han criticado duramente tales acuerdos, diciendo que los inmigrantes corren el riesgo de ser enviados a países donde podrían sufrir daños.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Belice publicó en las redes sociales que el acuerdo “incluye estrictas medidas de seguridad para proteger la seguridad nacional y la soberanía de Belice”.
“El Acuerdo otorga a Belice plena autoridad para aprobar o rechazar transferencias, limita la elegibilidad a nacionalidades específicas y garantiza verificaciones exhaustivas de antecedentes, entre otras medidas”, dijo.
El Primer Ministro Briceño dijo a los medios locales que para Belice será “más bien un programa de empleo, mediante el cual personas con ciertas calificaciones puedan venir a Belice” y “participar significativamente en nuestra economía”.
Añadió que el país, que tiene una población de 417.000 habitantes, preferiría recibir gente de Centroamérica, añadiendo que “no nos vamos a abrir al mundo entero”.
Pero la líder de la oposición, Tracy Taegar Panton, expresó “grave preocupación” por el acuerdo, diciendo que “podría reformar los sistemas de inmigración y asilo de Belice, imponer nuevas cargas financieras a los contribuyentes y plantear serias dudas sobre la soberanía y la seguridad nacionales”.
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó en X que el acuerdo era “un hito importante para poner fin a la inmigración ilegal, poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestra nación y reforzar nuestro compromiso compartido para abordar juntos los desafíos en nuestro hemisferio”.
Aún no se han publicado más detalles del acuerdo.
Desde el comienzo de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump se ha embarcado en amplios esfuerzos para expulsar a los inmigrantes indocumentados, una promesa electoral clave que obtuvo un apoyo masivo durante su campaña.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para que Trump reanudara las deportaciones de migrantes a países distintos de su país de origen sin darles la oportunidad de plantear a los funcionarios los riesgos que podrían enfrentar.
