Está previsto que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche argumentos el miércoles a las 10 a.m. ET (hora local) sobre la legalidad de los amplios aranceles impuestos por Donald Trump, un caso que podría remodelar el alcance del poder presidencial y repercutir en la economía global.La disputa se centra en la invocación por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 destinada a emergencias nacionales, para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. La administración sostiene que los aranceles se justifican como medidas para proteger la seguridad nacional y la economía. Sin embargo, los tribunales inferiores dictaminaron que se excedió en su autoridad.
Si la Corte elimina los aranceles, el efecto podría extenderse mucho más allá del comercio estadounidense: el gobierno recaudó unos 89 mil millones de dólares entre el 4 de febrero y el 23 de septiembre bajo estos aranceles.
Bases legales y por qué el caso es importante
Los tribunales inferiores encontraron fallas en el uso de la IEEPA por parte de la administración: el tribunal de apelaciones de EE. UU. para el circuito federal en Washington dictaminó en una decisión de 7 a 4 que el Congreso no tenía la intención de que la IEEPA otorgara al presidente una autoridad arancelaria ilimitada, señalando que “ninguna de estas acciones incluye explícitamente el poder de imponer aranceles, derechos o similares, o el poder de gravar”. La administración sostiene que IEEPA autoriza al presidente a “regular el comercio” en una emergencia nacional, una lectura que, según dice, abarca el control de las importaciones. Pero los críticos argumentan que imponer impuestos o aranceles es un poder central del Congreso, no del ejecutivo. Dado el impacto económico potencialmente enorme (estimaciones de billones de dólares en una década), la decisión del tribunal es ampliamente vista como una prueba que sienta un precedente sobre la separación de poderes, la autoridad ejecutiva y la política comercial estadounidense.
Lo que dice el gobierno de EE.UU. y su Plan B
Altos funcionarios de la administración están tratando el caso como si fuera de alto riesgo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, asistirá personalmente a los argumentos, lo que subraya la importancia.En declaraciones públicas, Bessent advirtió sobre obligaciones de “reembolso masivo” -en el rango de 750 mil millones de dólares a 1 billón de dólares- si se eliminaban los aranceles.Significativamente, la administración ya ha señalado una estrategia alternativa: si el Tribunal invalida los aranceles basados en la IEEPA, el gobierno puede recurrir a otras autoridades legales para imponer aranceles. Como dijo Bessent: “hay muchas otras autoridades bajo las cuales podemos operar”.Los analistas dicen que posibles rutas legales alternativas incluyen estatutos como la Ley Arancelaria de 1930 (sección 338) o disposiciones de la Ley de Comercio de 1974, aunque éstas tienen límites más estrictos y duraciones más cortas.
Implicaciones para el comercio mundial
Los aranceles cuestionados no eran menores: apuntaban a amplias franjas de importaciones estadounidenses procedentes de importantes socios comerciales. Algunos fueron justificados por la administración como respuestas a la crisis del fentanilo, los déficits comerciales crónicos y otras “amenazas inusuales y extraordinarias”. Un fallo en contra de los aranceles podría introducir una gran incertidumbre en las líneas comerciales globales, lo que llevaría a los socios comerciales a cuestionar los compromisos de Estados Unidos, negociar más duramente o repensar la estabilidad de los acuerdos. Por el contrario, si la Corte ratifica los aranceles, podría alentar una política comercial estadounidense más agresiva y cambiar la dinámica de poder global en el comercio.
