Al expresidente de Colombia se le anularon dos condenas por fraude y soborno después de ser sentenciado a 12 años de arresto domiciliario.
Álvaro Uribe se convirtió en el primer líder colombiano condenado penalmente después de un juicio en agosto en el que un juez impuso al hombre de 73 años la pena máxima.
El caso contra él estaba relacionado con acusaciones de que ordenó a un abogado que sobornara a paramilitares encarcelados para desacreditar las afirmaciones de que tenía vínculos con sus organizaciones. Uribe siempre ha sostenido su inocencia.
El político de derecha, que fue presidente entre 2002 y 2010, es mejor conocido por librar una agresiva ofensiva contra los rebeldes de izquierda de las Farc y sigue siendo una figura influyente en la nación sudamericana.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó anteriormente la condena de Uribe, argumentando que su único delito “ha sido luchar y defender incansablemente su patria”.
Uribe fue condenado originalmente, en parte, por el testimonio de un ex comandante paramilitar, Luis Carlos Vélez, quien dijo que el abogado del presidente, Diego Cadena, le había pagado sobornos.
Pero el Tribunal Superior de la capital, Bogotá, consideró que el testimonio del excomandante carecía de credibilidad.
En su decisión de 700 páginas que anuló las condenas, el tribunal también determinó que algunas de las escuchas telefónicas utilizadas para abrir una investigación formal sobre Uribe se habían obtenido ilegalmente.
El fallo puede ser apelado por las personas catalogadas como víctimas del caso.
El actual y primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, denunció el resultado.
Escribió en X: “Así se encubre la historia del gobierno paramilitar en Colombia, es decir, la historia de políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico”.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en los años 1980 para luchar contra los grupos guerrilleros de inspiración marxista que habían estado luchando contra el Estado desde los años 1960.
Muchos de los grupos armados que se desarrollaron en el conflicto obtuvieron ingresos del tráfico de cocaína. Los combates mortales entre ellos y con el Estado han producido rivalidades duraderas por las rutas de tráfico y los recursos.
Se ha declarado responsables de masacres, desapariciones y otras atrocidades a grupos paramilitares de derecha.
Según Human Rights Watch, también se ha descubierto que algunos grupos guerrilleros de izquierda estuvieron involucrados en masacres y amenazas contra ciudadanos colombianos.
