A pesar del retraso debido a una investigación legal, parte del acuerdo comercial entre la UE y los países sudamericanos del Mercosur parece comenzar ya en marzo. Así lo informaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias Reuters.
El camino hacia el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por la UE es difícil. El miércoles, el Parlamento Europeo decidió presentar el flamante acuerdo ante el Tribunal de Justicia Europeo. Los eurodiputados consideran que el proceso de acuerdo no fue democrático, porque la Comisión Europea ya cerró un acuerdo provisional sin el consentimiento del Parlamento. Un procedimiento de este tipo podría retrasar la aplicación final hasta dos años.
Aún así, existe la posibilidad de un comienzo más rápido mediante una solicitud provisional. “El acuerdo puede entrar en vigor provisionalmente una vez que el primer país del Mercosur haya ratificado el texto”, dijo un diplomático de la UE. “Se espera que Paraguay lo haga en marzo”.
Alemania teme obstáculos legales
En Alemania se preocupan los obstáculos legales a este lado del océano. Los partidarios del acuerdo enfatizan que el tratado es esencial para proteger la economía europea de los nuevos aranceles comerciales estadounidenses y reducir la dependencia de China.
El canciller alemán Friedrich Merz calificó el retraso en Davos como “lamentable”. Según él, el acuerdo es necesario para el crecimiento en Europa.
Feroz resistencia en Francia
En Francia hay feroces protestas, encabezadas por el sector agrícola. Los agricultores franceses temen una competencia desleal debido a la importación de carne y azúcar más baratos de América del Sur. Estos últimos días viajaron con tractores a París y Estrasburgo para expresar su descontento. En nuestro país también se han producido protestas en las últimas semanas.
El gobierno francés califica de “antidemocrático” el plan para implementar provisionalmente el acuerdo. La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, afirma que forzar una aplicación provisional, tras la votación crítica en el Parlamento Europeo, sería una violación de los principios democráticos.
La Comisión Europea está considerando actualmente los próximos pasos y está consultando con los distintos Estados miembros y el parlamento.
