La Comunidad de Madrid no puede mirar más para otro lado. Tras años ignorando el problema que ella misma ha generado, la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ve obligada ahora a acudir al rescate de sus universidades, ahogadas en lustros de infrafinanciación y camino al colapso: solo un crédito extraordinario de 35 millones de euros va a permitir seguir pagando nóminas –¿por cuánto tiempo?– a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la más grande del país, mientras el propio consejero admite que la Rey Juan Carlos, el centro peor financiado de toda España de largo, está empezando a recorrer el mismo sendero que su hermana mayor.
“Hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Rey Juan Carlos, que también se encuentra en situación de déficit. Lógicamente nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario”, ha reivindicado el consejero, Emilio Viciana. Un mensaje que obvia que la relación entre ese déficit y que la Comunidad de Madrid sea la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades de toda España.
La estadística señala a Madrid se elija la cifra que se elija. La Comunidad invierte 5.362 euros al año por estudiante universitario frente a los más de 9.000 de Navarra, La Rioja o el País Vasco. Si se mira el esfuerzo autonómico, en los últimos 25 años ha pasado de estar un 25% por encima de la media nacional a estar 23 puntos por debajo, una caída de 48 puntos. Madrid es hoy la única región que financia a sus centros peor que antes de la crisis de 2008.
El futuro de los campus madrileños no pinta mejor con la ley universitaria que tramita el Gobierno regional (Lesuc). La norma pretende consagrar que el Ejecutivo no aporte bajo ninguna circunstancia más del 70% de los presupuestos universitarios y que los rectorados deban buscar en el sector privado el 30% restante, para lo que les invita incluso a crear fondos privados de inversión. Estas cifras son definitorias del estado de las universidades madrileñas: pese a que ese 70% no sería suficiente para cubrir siquiera el gasto en nóminas de las universidades –la UAM dedica el 80% de su presupuesto a salarios y otro 15% a poder abrir las puertas cada día– todavía sería mejor que la cantidad que reciben ahora.
Además, un análisis de Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España, sostiene que, si no se cambia durante el trámite parlamentario, la norma generará un agujero de 200 millones de euros cada año en los seis centros madrileños.
¿Exceso de docentes?
El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, defiende que la Comunidad dedica más del 4% de su presupuesto a la financiación de las universidades públicas, y asegura que está por encima de la media de otras regiones, informa José Precedo. “Se está trabajando con los rectores y los actores de la comunidad universitaria para conseguir un marco de financiación plurianual, revisable y adaptable a las necesidades de las universidades”, asegura el portavoz popular.
Por el momento, la Comunidad propone una partida adicional de 10 millones de euros a repartir entre todas las universidades siempre que cumplan una serie de condiciones, una cifra no llega al 1% del presupuesto de los seis centros, que supera los mil millones.
El Gobierno de Ayuso no habla de infrafinanciación y atribuye el déficit de los centros a un exceso de docentes. Por eso ha pedido a la Complutense que amplíe la información del crédito que ha solicitado y las reformas con las que pretende evitar que se repita la petición en cursos futuros.
Un agujero de 140 millones en dos años
La UCM aludía mayoritariamente a la falta de ingresos en su petición del crédito. “La Universidad Complutense de Madrid soporta un déficit estructural de financiación desde hace años, que se ha visto agravado con el tiempo”, dice el documento. Según las cuentas que refleja el texto, la universidad tuvo un déficit de 64,5 millones de euros en 2023, que se fue hasta 77,8 millones de euros el año siguiente. Son 140 millones de agujero en solo dos ejercicios. El agujero es creciente porque la transferencia de la Comunidad de Madrid aumenta más despacio que el gasto en salarios.
Las cifras sí parecen respaldar la afirmación del Gobierno regional de que la universidad está sobredimensionada, aunque no mucho más que cualquier otro centro español. La UCM destinó 464 millones de euros al capítulo 1 del presupuesto (nóminas) en 2023. Eso quiere decir que el esfuerzo de personal por alumno son 8.511 euros, cuando la media del sistema público español está en 7.465 y del madrileño en 6.757. Dicho de otra manera, la Complutense está 14 puntos porcentuales por encima de la media nacional en gasto en personal y 24 puntos por encima de la madrileña en términos relativos.
Desde ‘UCM por la Pública’, la plataforma en defensa de la universidad, rechazan que el problema sea de gasto en personal porque mientras el PIB de la región ha subido un 8,8% desde 2008 (año de la crisis y principio de los grandes recortes), la transferencia del Gobierno regional ha caído un 15% en el mismo periodo de tiempo.
En cualquier caso, explican fuentes universitarias, realmente todas las universidades españolas tienen una estructura de gasto diferente a las europeas: mientras el reparto de estas últimas se mueve entre un 80%-82% en personal y el restante 20%-18% en el capítulo 2 (gasto corriente), la media europea se sitúa en un 70%-75% y un 30%-35%.
El de la Rey Juan Carlos sí parece un caso de falta de financiación. La URJC recibe 4.291 euros por estudiante y año, una cifra que es tres veces inferior a la de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC). Aunque las características de cada centro explican una parte de esta diferencia (es más caro impartir un grado en una politécnica que en una universidad estándar), la mayoría de la brecha no tiene justificación posible en base a parámetros objetivos, según Hernández Armenteros y Pérez García.
Comparar… y perder
Los campus de la región más rica de España palidecen cuando se comparan con sus equivalentes nacionales. “No hay ninguna universidad de Madrid que tenga una financiación superior a las universidades con las que se puede homologar” por tamaño y características, según Hernández Armenteros y Pérez García.
Por ejemplo, la UPM recibe un 36% menos de fondos por estudiante que la UPV o un 20% menos que la Politécnica de Catalunya, dos centros que manejan cifras similares de alumnado y presupuesto. Lo mismo sucede con la Carlos III, que tiene 1.400 euros menos por alumno (un 16%) que la Pompeu Fabra catalana o 2.700 euros menos que la Universidad de Cantabria (un 31%); o la de Alcalá de Henares, que se mira en Salamanca, Oviedo o Zaragoza, pero con partidas de mil euros por alumno inferiores a sus competidoras.
La URJC es la universidad peor financiada de España y con bastante diferencia. Recibe 4.291 euros por estudiante, menos de la mitad que la media, y además depende de las matrículas que estos pagan más que ninguna otra universidad, también por bastante diferencia: un tercio de sus ingresos provienen de cobrarle al alumnado. Obviando otros centros madrileños, en ninguna otra universidad se pasa del 20%.
“Cortar la yugular y poner una tirita”
La oposición clama contra el abandono del Gobierno de la Comunidad a las universidades públicas y piden un plan para garantizar su viabilidad tras culpar directamente a Ayuso y al consejero Viciana. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, defendió este lunes tras la junta de portavoces de la Asamblea que la actuación del Ejecutivo de Ayuso con las universidades públicas es como si alguien “corta la yugular y luego pone una tirita”. En la misma línea, la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Mar Espinar, lamentó que la Comunidad primero asfixie a los campus y luego “se presente como Cofidis” (una empresa de crédito rápido).
Todo esto sucede en la misma semana en la que se conoció la destitución de la viceconsejera de Universidades, Ana Ramírez, que será sustituida por la hasta ahora diputada de la Asamblea, Mercedes Zarzalejo, de la máxima confianza que Ayuso y que lideró la investigación a Begoña Gómez en el parlamento autonómico. El Gobierno de Ayuso resto importancia a ese cambio, que atribuyó a “un relevo natural ”en el ecuador de la legislatura.
Fuentes del Ministerio de Universidades advierten de que el modelo de financiación que propone la comunidad “erosiona la autonomía universitaria, favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”, además de recordar que “el Gobierno de España ha incrementado en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas (…) con la expectativa de que ese esfuerzo repercuta en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad”.
