Hace solo un mes, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, mandó una carta al Parlamento europeo y el Consejo en la que pedía retrasar otro año la regulación contra la deforestación para “evitar la incertidumbre y por las dificultades operativas relativas a la tecnología”. Este martes parece que la tecnología ya no es un problema. La Comisión Europea ha propuesto una nueva regulación contra la deforestación que suaviza los controles y retrasa las posibles sanciones: se limita la obligación de presentar una Declaración de Diligencia Debida (DDS) a las empresas que colocan un producto por primera vez en el mercado de la UE, se exime a los micro y pequeños productores y agricultores hacer la DDS, permitiéndoles tener que hacer solo una declaración simplificada única, que tendrán que presentar a partir de diciembre de 2026. Además, se aplazan los controles de esta medida para importadores y exportadores hasta junio de 2026.
La regulación para combatir la deforestación estaba prevista que entrase en vigor en enero de 2025, pero con los nuevos cambios, la previsión es que esté funcionando a finales de este año. La normativa persigue garantizar que las importaciones que hace la UE d productos como la soja, el cacao, el café, la carne de res y el aceite de palma no contribuyen a la degradación forestal.
La desforestación ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020. La presión de los agricultores más la industria de la alimentación y los supermercados ha conseguido que la legislación sea mucho más laxa y flexible. En junio, un grupo de países de la UE pidieron por una carta a la Comisión una simplificación de las exigencias a las empresas y al sector agrario.
Un funcionario de alto nivel de la UE ha explicado que las pymes y los microproductores solo tendrán que realizar una declaración simplificada “única” (declaración única) para registrarse en el sistema de identificación que verifica si la producción proviene o no de áreas desforestadas.
Para aclarar a quién afecta, una microempresa tiene hasta 10 empleados, hasta 700,000 euros de facturación o 350,000 euros de balance, mientras que se condidera a pyme cuando se tiene hasta 50 empleados, hasta ocho millones de euros de facturación o cuatro millones en el balance. Esta medida se supone que cubre con la exención a más del 95% de las explotaciones agrícolas o forestales de la UE, aunque también se aplicará a países de bajo riesgo que venden directamente al mercado de la UE.
Para evitar fraudes desde pequeñas empresas fuera de la UE, fuentes de la Comisión han añadido que existe una salvaguarda que establece que si una microempresa de un tercer país vende directamente al mercado de la UE, su primer cliente europeo es considerado un operador río arriba (importador) y debe presentar la DDS con información completa de toda la cadena hasta el tercer país.
Ahora el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que discutir y negociar la propuesta de la Comisión, que en teoría se pretende que sea aporbada definitivamente antes de finales del año 2025.
La Ley contra la desforestación es parte del Pacto Verde europeo. Aunque fue presentada en 2021, tanto la presión de las empresas como de los países ha impedido que se han avanzado en su aprobación.
