Con las tasas de interés en máximos históricos y una deuda total de tarjetas de crédito que supera los $1.21 billones de dólares, cada vez más estadounidenses enfrentan dificultades para mantenerse al día con sus pagos. Muchos de ellos terminan en manos de cobradores y, en algunos casos, enfrentan demandas judiciales incluso por montos pequeños.
Aunque mucha gente cree que una demanda solo ocurre cuando se deben grandes sumas, los cobradores de deudas pueden presentar acciones legales por cantidades más bajas de lo que se piensa.
No existe una cifra fija que determine cuándo un cobrador puede demandar, ya que cada caso depende de varios factores, como el monto de la deuda, el tipo de crédito y las leyes estatales.
Uno de los principales factores es el tamaño de la deuda frente al costo de demandar.
Los cobradores analizan si vale la pena cubrir los gastos de presentación en el tribunal, los honorarios de abogados y el tiempo que conlleva el proceso.
En algunos casos, los montos pequeños no justifican el gasto, pero muchas agencias manejan grandes volúmenes de demandas automatizadas, lo que les permite perseguir incluso deudas bajas.
También influye el tipo y la antigüedad de la deuda. Las deudas no garantizadas, como las de tarjetas de crédito o préstamos personales, son las más propensas a llegar a juicio, ya que son más fáciles de probar.
En cambio, las deudas médicas o vendidas a agencias secundarias suelen ser menos litigadas.
Además, si la deuda ya superó el plazo de prescripción establecido por la ley estatal, el cobrador no puede demandar legalmente, aunque puede intentar presionar al deudor.
Las leyes locales también determinan qué tan fácil es iniciar un proceso.
En algunos estados, los tribunales de reclamos menores aceptan demandas por montos desde unos pocos cientos de dólares.
Por ejemplo, un cobrador podría demandar por $750 en lugares donde los costos de presentación son bajos y las probabilidades de fallo a favor del demandante son altas.
En otros estados, los requisitos de documentación o los honorarios judiciales hacen que esas sumas no sean rentables de reclamar.
En resumen, las demandas por deudas suelen comenzar a considerarse para montos entre $1,000 y $5,000aunque no hay una regla universal.
Si el deudor ignora llamadas o cartas de cobro, aumenta la posibilidad de ser llevado ante un juez, incluso por montos moderados.
Qué hacer antes de llegar a una demanda
Quienes están atrasados en sus pagos aún pueden actuar antes de que la situación llegue a los tribunales. Algunas alternativas incluyen:
-Contactar al acreedor o cobrador para negociar un plan de pagos o un descuento por pago único. Ignorar las llamadas solo incrementa el riesgo de una demanda.
-Unirse a un programa de manejo de deudas, disponible en agencias de consejería crediticia, que permite consolidar pagos y reducir tasas de interés.
-Optar por una liquidación de deudas, ideal para quienes deben más de $7,500 o $10,000, con posibilidad de reducir el saldo hasta un 50% o 70%.
-Solicitar un préstamo de consolidación si aún se tiene buen crédito, para unificar varias deudas con una tasa más baja.
-Consultar con un asesor financiero o consejero de crédito para evaluar si conviene negociar, consolidar o incluso considerar la bancarrota como último recurso.
Aunque no es común que los cobradores demanden por unos pocos cientos de dólares, los saldos de entre $1,000 y $5,000 son monstos por los que ya emprenden acciones legales.
Actuar con rapidez, comunicarse con los acreedores y buscar asesoría puede evitar las consecuencias a largo plazo de un juicio y proteger la estabilidad financiera antes de que sea demasiado tarde.
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