Carles Puigdemont ha marcado este lunes el punto final a su acuerdo de investidura con el PSOE, aunque el líder de Junts se ha cuidado de alejarse también de cualquier posible alianza con PP y Vox para derribar al Ejecutivo. “No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”, ha dicho el expresident, que, sin embargo, ha mencionado una larga retahíla de reproches para dar cuenta de que, pese al esfuerzo que él ha empleado, la negociación con los socialistas no ha funcionado.
Han sido 24 meses de relación accidentada, de gran desconfianza mutua pese a que ha habido acuerdos relevantes, con la amnistía como principal hito.
Sintonía inicial y acuerdos por el catalán
La relación entre el PSOE y Junts era inesperada hasta la noche del 23 de julio de 2023, cuando los votos de los independentistas decantaban la balanza sobre la investidura de Pedro Sánchez. El entonces secretario de organización socialista, Santos Cerdán, ya había abierto una discreta vía de relación con ellos, por eso el inicio de las conversaciones fue más sencillo.
Con todo, desde la propia noche electoral quedó claro que Junts, contra lo que había dicho en campaña, estaba abierto a hablar de la investidura de Sánchez. Las elecciones le habían dado a Puigdemont una llave que no estaba dispuesto a perder.
Antes de negociar el acuerdo de investidura, socialistas y junteros ya mostraron su capacidad de entenderse con el pacto que llevó a Francina Armengol a la presidencia del Congreso. Lo hicieron a cambio de nuevos pasos para el catalán. Por un lado, se permitiría hablar en cualquier lengua oficial en el Congreso. Por otro, España pediría oficialmente al Consejo Europeo reconocer al catalán, el gallego y el euskera como oficiales a nivel europeo.
Ambas cosas sucedieron, por lo que Junts acabó apoyando a Armengol. Pocos meses después, el 9 de noviembre de 2023, Junts y el PSOE cerraron el llamado “acuerdo de Bruselas”, que permitió la investidura de Pedro Sánchez
La difícil negociación de la amnistía
La primera gran prueba que tuvo que pasar la relación entre Junts y el PSOE fue la negociación de la ley de amnistía, una norma jurídicamente complicada y difícil de encajar constitucionalmente. Los equipos de los dos partidos independentistas y el Gobierno negociaron sin descanso durante los primeros meses de 2024. Hubo idas y venidas, innumerables modificaciones del borrador y negociaciones ‘in extremis’. En paralelo, el Supremo se movía para tratar de cerrar las posibles vías de amnistía a Puigdemont.
Finalmente, el Congreso aprobó la ley de amnistía a finales de mayo de 2024. Hubo decenas de personas que dejaron de tener causas penales, pero la medida de perdón no ha afectado aún a la mayoría de los principales líderes políticos de 2017. Ni el líder de ERC, Oriol Junqueras, ni Puigdemont, han disfrutado de la amnistía, lo que les ha impedido volver a la política activa, al primero; y a territorio español, en el caso del de Junts.
El Tribunal Constitucional ha dictado ya sentencias que avalan el grueso de la ley de amnistía: su legalidad, su encaje en la Constitución y que, entre otros delitos, pueda perdonar la malversación de caudales públicos relacionada con el procés. Pero todavía no ha decidido sobre el caso concreto de Carles Puigdemont y eso, en la práctica, mantiene al expresident en búsqueda y captura dentro de España por orden del juez Pablo Llarena y el Tribunal Supremo.
Su recurso fue recientemente admitido a trámite y las deliberaciones del Constitucional pondrán a prueba los argumentos del Supremo para no amnistiar la malversación atribuida a Puigdemont y a otros políticos ya condenados: que al usar medios públicos para organizar el referéndum de 2017 evitaron poner ese dinero de su bolsillo, y por tanto se enriquecieron. También que se vieron comprometidos los intereses económicos de la Unión Europea.
El tribunal ya rozó este debate cuando rechazó el recurso de Aragón aunque la ponente, Laura Díez, llegó incluso a modificar su ponencia para retirar varios párrafos que podían interpretarse como una estimación por adelantado de los argumentos de Puigdemont. La sentencia que decidirá si puede o no volver a España sin miedo a ser detenido no llegará antes del año que viene.
“Sánchez no es de fiar”
Pese al optimismo inicial y los acuerdos alcanzados, el final de 2024 supuso un momento de zozobra en la negociación que Junts y el PSOE mantenían en Suiza. La partida era ahora sobre la delegación de competencias en materia de inmigración, una medida que los de Puigdemont habían puesto en primer plano después de que la formación xenófoba Aliança Catalana diera la sorpresa y se colara en el Parlament, en junio de ese año.
La negociación estaba bloqueada, según entendía Junts, porque el Ministerio del Interior se negaba a delegar a la Generalitat algunas competencias más medulares en materia de extranjería. Fue entonces cuando Puigdemont hizo la comparecencia que supuso el gran toque de atención al PSOE. “Sánchez no es de fiar”, aseguró el líder de Junts, que añadió que el PSOE incumplía el acuerdo firmado y reclamaba al presidente someterse a una cuestión de confianza.
Esa cuestión de confianza, que Junts podía reclamar pero que solo competía a Sánchez plantear ante el Congreso, dio mucho que hablar en las siguientes semanas. Finalmente el PSOE logró que Junts retirara la moción en la que exigía a Sánchez dar ese paso y, en paralelo, se acabó pactando un texto de delegación de competencias.
Aquella proposición para el traspaso de competencias, sin embargo, quedó descartada en septiembre pasado, cuando no logró mayoría en el Congreso por el rechazo de Podemos. Un fiasco que supuso un duro golpe en la dirección de Junts.
Junts flirtea con PP y Vox
Uno de los fenómenos que han dominado la relación entre Junts y el PSOE en la última etapa ha sido una distancia cada vez más irreconciliable. La caída en desgracia de Cerdán, por su implicación en la llamada trama Koldo, dejó a los independentistas sin uno de sus puntales, que fue sustituido oficiosamente en las reuniones suizas por un nombre de tanto peso como el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.
En cuanto a la dinámica parlamentaria, si bien durante el primer año de colaboración Junts solo se retiró del 25% de las propuestas del Gobierno, según el recuento de este diario, el segundo año esa relación quedó eclipsada por los desencuentros. Los de Puigdemont tumbaron el impuesto a las energéticas, la reducción de jornada, la creación de una agencia anticorrupción y tampoco apoyaron uno de los últimos decretos ómnibus por considerar que camuflaba medidas que no habían negociado con ellos.
Las votaciones en las que Junts acababa apareciendo en la foto con el PP y Vox, que antes eran un tabú para los de Puigdemont, se hicieron frecuentes en el Congreso durante los últimos meses del pasado curso parlamentario. “El discurso de que si no votas a Pedro Sánchez vienen el PP y Vox no nos impresiona para nada”, avanzaba Jordi Turull el año pasado.
El fin: más divorcio que infidelidad
Carles Puigdemont ha solemnizado este lunes un final para la alianza interesada que había formado hace dos años. Lo ha hecho con reproches duros y reconociendo que, aunque inicialmente creyó posible superar la desconfianza, dos años después creía que se había equivocado.
Pero Puigdemont ha dejado claro que, si bien con el PSOE hay un divorcio evidente, Junts no está pensando en buscar nuevas parejas de investidura. La moción de censura es un fantasma al que los independentistas invocan como amenaza, pero que no aparece hoy entre las opciones realistas que barajan.
La idea de la Ejecutiva de Junts es un PSOE que se sienta en soledad en el Gobierno y sin capacidad de sacar adelante nada de su agenda legislativa. “Tendrán el poder, pero no podrán gobernar”, ha resumido Puigdemont. El expresident sigue manteniendo unos votos que son claves para la gobernabilidad y sigue necesitando que se le aplique la ley de amnistía, exactamente la situación con la que nació la relación que ahora se rompe, pero que nadie sabe si podría reconstruirse.
