“¿No es un crimen quitar este árbol?”. La pregunta resuena bajo la sombra espesa de un aguacatero descomunal, cargado de fruto. Y es que en una de las fincas amenazadas por la expropiación –entre naranjos, caquis, melones o sandías– el citado árbol se impone como un símbolo de resistencia de los vecinos de Laredo afectados por un proyecto industrial que casi de la noche a la mañana ha puesto en jaque sus hogares y cultivos de toda la vida. “Mírame este aguacatero, porque hay que hacerle patrimonio de Cantabria”, insiste con orgullo su dueño, Pablo Caviedes, de 82 años de edad.
Él, como la gran mayoría, nació y se crió en la vivienda que ahora el Gobierno de Cantabria quiere derribar para instalar un macroparque industrial de medio millón de metros cuadrados. Son más de medio centenar de casas y más de 300 terrenos los afectados por un Proyecto Singular de Interés Regional, conocido como PSIR, contra el que sus propietarios se han alzado desde que tuvieron conocimiento de lo que la Administración pretende llevar a cabo. “Gente mayor ha sido ingresada por subidas de tensión o se ha pasado dos semanas llorando en la cama”, relatan los propios vecinos en conversación con elDiario.es.
Según señalan, entre los vecinos afectados hay un gran número de personas mayores que han vivido allí prácticamente desde que nacieron. “Y hasta una persona que ya ha cumplido los 100 años”, subrayan, haciendo énfasis en que “se trata de una tierra muy buena para vivir”. “Es una pena que vayan a llevársela toda para poner una mole de hormigón”, lamentan, incidiendo, además, en que la delimitación del polígono está muy próxima al parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: “Va a estar pegado a una reserva al nivel de Doñana”, denuncian.
Y es que donde hoy hay huerta fértil, árboles frutales, ganado y una vida levantada a lo largo de generaciones, el Gobierno de Cantabria proyecta construir un macropolígono industrial. “La tierra tiene sales minerales del mar, aquí lo que siembras se recoge”, asegura Caviedes, mientras conversa con vecinos y familiares en torno al aguacatero plantado hace 30 años. “Todos hemos vivido y comido de esta tierra”, añaden Luis San Emeterio, Borja Fernandez, María Luisa Caviedes, Marinina Díez y María Antonia Caviedes.
Sus historias tienen un denominador común: las casas que les pretenden expropiar fueron levantadas con esfuerzo, representan sus raíces, están cargadas de recuerdos y encarnan un proyecto de vida a presente, pero también a futuro para generaciones venideras. “Están jugando con mi porvenir, pero también con el de mis hijos y mis nietos”, denuncia San Emeterio.
Su caso refleja bien lo que está en juego, teniendo en cuenta además que sería nada menos que la cuarta vez que le expropian. En esta ocasión, su hija vendió su piso en Zaragoza para regresar a Laredo con su marido e hijos, con la intención de construirse una casa en la misma finca familiar, junto a la de su padre. Tras obtener los permisos necesarios, ahora han sido paralizados como consecuencia del PSIR y la amenaza de expropiación. “Ahora vivimos una multitud en una casa por un problema que no teníamos. Esta finca es mía. Estamos desbordados, esto es una insensatez, no tiene lógica”, lamenta visiblemente indignado San Emeterio.
Él es “del barrio de toda la vida”: “Nací en 1958 y aquí vivieron mis padres y mis abuelos”, explica, caso similar al de María Luisa Caviedes: “Aquí vivían mis padres, nací yo en el año 1947 y aquí sigo viviendo actualmente”. Marinia Díez, por su parte, se mudó hace cuatro décadas: “Mi marido era albañil y nosotros hicimos la casa con privaciones y sacrificios, y ahora nos encontramos con esto”, lamenta. Y es que el relato se repite en cada caso, como el de Borja Fernández, que lleva desde el año 2000 viviendo en una casa familiar ubicada en una finca que era propiedad de sus abuelos.
Por otro lado, María Antonia Caviedes cuenta que nació en Colindres –localidad limítrofe con la zona delimitada por el PSIR– y se trasladó con su familia cuando estalló la Guerra Civil: “No había trabajo y vinimos aquí a vivir de lo que podíamos”, recuerda. Finalmente, Pablo Caviedes, nacido en 1943 en la casa donde se realiza la entrevista, resume toda una vida en una frase: “Aquí he vivido toda la vida hasta que fui a la mili, estuve un año en Canarias y después aquí otra vez”.
“Nos van a dar 15.000 euros”
El proyecto del PSIR enfrenta a decenas de familias a un horizonte de pérdida y desarraigo: “Han puesto a 15 euros el metro cuadrado, es insultar a la gente”, denuncian. “Nos van a dar 15.000 euros por una parcela de 1.000 metros, con lo que no vamos a poder comprar nada, ni siquiera un coche, y ellos la van a vender por 187.000. Mira lo que van a trincar”, denuncian.
A ello se suma la incertidumbre sobre la futura reubicación, tal y como la denomina la Administración. “Tienen planteado con 3.800.000 euros, en una zona del polígono, hacer una especie de edificios o contenedores, pero salen a 70.000 euros por vivienda. Y ninguna baja de 100 o 150 metros. No es equiparable”, aseguran los vecinos afectados, que se enteraron del proyecto por el BOE el pasado 31 de julio y estuvieron abocados a realizar las alegaciones en agosto, el mes más complicado para llevar a cabo trámites con la Administración.
“Nos hemos visto desprotegidos; menos mal que nos hemos creado una plataforma, y nos están empezando a escuchar”, celebran. Y es que, según denuncian, la comunicación institucional que recibieron fue nula desde el primer momento: “Fuimos al Ayuntamiento de Laredo a preguntar y se escondieron. Los mismos que habían votado esto en 2018 nos dijeron que no sabían nada, que fuéramos a preguntar a Santander. Es inaudito. ¿Esta es la política del siglo XXI?”, denuncia otra vecina afectada.
Todos coinciden en que el proyecto industrial es innecesario y dañino: “Aquí lo tenemos claro: esto es puramente especulación, porque un polígono en un pueblo que meramente es turístico no tiene ningún sentido. El polígono que hay, de 80.000 metros, está medio vacío. Las fábricas que se hicieron se han llevado el trabajo a Marruecos”. “No hay ningún plan, esto va a ser como el aeropuerto de Ciudad Real”, insisten.
El hartazgo de los vecinos es palpable. La tensión acumulada durante meses se nota en cada conversación y en cada gesto. Muchos dicen sentirse al límite, agotados por la incertidumbre y la falta de respuestas. “Yo llevo sin dormir mucho tiempo. Somos mayores y esto te enloquece”, asegura uno de ellos. Pese al cansancio, aseguran estar decididos a continuar. “Estamos abocados a los tribunales. Empezaremos por Cantabria, iremos a Madrid, y como todos los vecinos están implicados, podremos recaudar dinero para poder hacer frente a los juicios”, sentencian.
Rechazo al PSIR
Por toda la extensión del barrio, entre caminos rurales, huertas y viviendas unifamiliares, se suceden los carteles pintados a mano y las pancartas colgadas en vallas y balcones con un mismo mensaje: “No al PSIR”. El rechazo a las expropiaciones se respira en cada finca, donde los vecinos tratan de conservar lo que consideran su hogar y su forma de vida. Entre esas parcelas se encuentra también un camping, abierto desde hace más de tres décadas, que forma parte del entramado humano y económico del lugar.
“Aquí hay 55 familias”, explica Luz Martínez, una de las socias. “Durante todo el año vivimos ocho, hay seis empadronadas, pero los fines de semana esto está casi lleno”. El camping, recuerda, se abrió en el verano de 1990 como una sociedad privada impulsada por dos socios después de que desapareciera un antiguo camping público que funcionaba en la zona. “Nosotros vinimos el 19 de octubre de 1990”, añade Chema Barandiaran, que rememora cómo incluso el Ayuntamiento de Colindres utilizaba sus instalaciones para los cursos de natación antes de construir sus propias piscinas municipales.
Hoy, el lugar continúa dividido en participaciones entre distintas familias, muchas procedentes de Euskadi o Burgos, que mantienen en él su segunda residencia o su espacio de descanso. Ese modo de vida, como el de los vecinos que viven de la tierra, también se ve ahora amenazado por el proyecto industrial.
Los vecinos explican que sus viviendas ya están devaluadas. Saben que no pueden pedir un préstamo ni una hipoteca, porque el simple hecho de figurar dentro del ámbito de expropiación las deja fuera de cualquier posibilidad de crédito. “Llevo 20 años pagando la hipoteca de una casa familiar y ahora ya no vale nada. Nos han puesto la espada de Damocles encima”, lamenta uno de ellos.
A pocos metros de la vivienda donde crece el aguacatero, que parece desafiar el destino al que lo quieren abocar, se levanta una nave reconvertida en iglesia evangelista, donde cada fin de semana se escuchan cánticos y oraciones. Mientras, el gran aguacatero continúa en pie, testigo mudo de lo que esté por venir, con sus ramas asomando cargadas de fruto. Quizá, cuando todo esto pase siga aquí, como símbolo de que la naturaleza y la vida también pueden echar raíces frente al hormigón.
