El Gobierno ha repartido a dedo (sin concurso público) en mes y medio 14.223,8 millones de euros en préstamos al 0% de interés a una decena de empresas de la industria militar para financiar el desarrollo de 32 programas de armamento. Los créditos, a un interés del 0% no revisable, no exigen garantías para librar los fondos, con carácter general, y se liberarán conforme se cumplan determinados hitos en anualidades que en algún caso alcanzan hasta 2032.
Estos préstamos se han triangulado a través del Ministerio de Industria, aunque los destinatarios los ha elegido Defensa, en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril, en respuesta a la amenaza rusa, el complejo contexto geopolítico internacional, la aparición de nuevas amenazas híbridas y “el replanteamiento de la alianza atlántica”.
Ese plan contemplaba un compromiso de invertir en Defensa 10.471 millones para 2025 para alcanzar el objetivo del 2% del PIB adquirido ante la UE y la OTAN hace años, que España elevó al 2,1% para este año. Muy lejos del 5% que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas semanas ha redoblado la presión a España por no suscribir ese compromiso, que el Gobierno considera inasumible.
Entre las medidas de ese plan industrial, que según el Gobierno “tendrá efectos positivos en el empleo e impulsará una nueva ola de innovación tecnológica y desarrollo industrial”, están los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), que Industria prefinancia con esos préstamos, habituales en el sector hace décadas. Con ellos, se evita la financiación bancaria, que encarece el multimillonario coste de estos programas, y los créditos no computan como déficit en las cuentas públicas. Se canalizan a través de Industria al tener un componente de I+D.
Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, recuerda al teléfono que esos créditos al 0% se lanzaron en época de José María Aznar para financiar los programas de armamento de los cazas Eurofighter, los aviones A400M o los blindados Leonard y Pizarro. Este experto los define como “un sistema de creatividad contable” para prefinanciar a la industria y plantea dudas sobre la recuperación de esos importes en algún caso, teniendo en cuenta experiencias pasadas. Recuerda las continuas pérdidas de los astilleros estatales Navantia, uno de los principales beneficiados, que solo en la última década han perdido 1.720 millones y llevan en números rojos desde 2007.
El importe adjudicado en las últimas semanas con esta fórmula no tiene precedentes, si se compara con las cifras de los últimos ejercicios (ver gráfico). Los decretos de adjudicación de estas ayudas, aprobados por el Consejo de Ministros entre el 3 de septiembre y el 14 de octubre, aluden a “razones de interés público” para no hacerlo por concurso. “La necesidad de proteger intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales y dirigirse a actuaciones de naturaleza militar”, según el Gobierno, “dificultan efectuar una convocatoria pública de las ayudas”. Además, “las entidades beneficiarias han sido consideradas por el Ministerio de Defensa como aquellas capaces de proveer la alternativa óptima para cada uno de los programas”.
El Ejecutivo se ampara en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de algunas obligaciones, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional, la producción y el comercio de armas, y les permite tomar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad, incluso si eso implica excepciones a las normas del mercado único, especialmente en contratos de defensa.
El Gobierno asegura que ha atendido “a los principios de buena regulación” y apela a “razones de interés general, dada la necesidad de garantizar a las Fuerzas Armadas unas capacidades renovadas”. Afirma también que cada decreto “cumple con el principio de transparencia habiéndose efectuado los trámites de consulta pública previa y audiencia al interesado”. Las memorias justificativas de estos decretos no son públicas.
Ese dinero no se entregará de una tacada. El 31% de esa cifra, unos 8.500 millones, se ha comprometido para 2025 y el resto se irá repartiendo progresivamente entre 2026 y 2032, especialmente, en el primer cuatrienio (a razón de unos 2.200 millones por ejercicio), a medida que se vayan cumpliendo los hitos establecidos. De incumplirse ese calendario, el Consejo de Ministros deberá aprobar las correspondientes adendas a los contratos. Estos deberán formalizarse en las próximas semanas.
En algunas empresas españolas del sector ha causado malestar el reparto de ese dinero, superior al gasto mensual en pensiones contributivas (13.620 millones en agosto de 2025), y que ha ido a parar a un número muy reducido de empresas, con Indra como mayor beneficiaria. Más de la mitad de esos préstamos (6.754 millones) se han adjudicado a programas en los que participa esta empresa del Ibex, cuyo mayor accionista es el Estado (28%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El porcentaje que ha recibido Indra alcanza el 60% si se tiene en cuenta a Hisdesat, filial de Hispasat (empresa que presidió Jordi Hereu hasta su nombramiento como ministro de Industria), cuya compra a Redeia (dueña de Red Eléctrica) pactó Indra en febrero pasado por 725 millones, operación que la compañía confía en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice en las próximas semanas.
En varios de esos programas subvencionados por Industria Indra se ha aliado con su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con la que prepara una controvertida fusión, dado que los propietarios de esa empresa madrileña son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y a su vez consejero de la cotizada, lo que supone un claro conflicto de interés.
Una unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano se ha adjudicado los programas que más fondos reciben: 1.821 millones hasta 2031 para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP CADENAS, que supone la adquisición de 6 grupos de artillería, 109 obuses, 109 vehículos de municionamiento, 56 vehículos de mando y control, 6 vehículos de recuperación y 6 vehículos de mantenimiento”. Y 1.181 millones para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP RUEDAS, que implica la adquisición de un sistema obús autopropulsado (ATP) de ruedas a fin de mejorar las capacidades de artillería, rapidez, movilidad y precisión en los desplazamientos y despliegue de la artillería”.
Esa UTE también se ha adjudicado un préstamo al 0% de 150 millones para desarrollar un Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente: 34 Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM) sobre ruedas 8×8, en cuatro configuraciones distintas. Y otros 17 millones para un sistema “crítico” para proporcionar a las Fuerzas Armadas la capacidad “de detección, identificación, rastreo y neutralización de drones no autorizados tanto en la zona de operaciones como para la protección de infraestructuras críticas”.
En solitario, Indra se ha adjudicado ocho préstamos por 2.000 millones. Destacan 820 millones para un programa de “Conectividad Multidisciplinar en Seguridad Aérea-Sistema Centro Operaciones Artillería A/A (COAAAS)”; y 768 millones para un Sistema Conjunto Radio Táctica-SCRT, “cuyo objeto es la obtención un sistema que garantice el intercambio fiable y seguro de información requerido en las operaciones nacionales e internacionales”.
Con Telefónica, que preside desde este año el anterior presidente de Indra, Marc Murtra (y en la que la SEPI es primer accionista con el 10%), el grupo que preside Ángel Escribano se ha garantizado otros 380 millones de financiación al 0% para desarrollar un sistema de Conectividad Multidisciplinar (MC3) “que responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades operativas y unificarlas en un único sistema e incluirá la adquisición de estaciones de transmisiones, plantas de energía y cifradores”.
788 millones ha recibido el consorcio Tess Defence, en el que Indra es primer accionista desde este año (51%) junto a Escribano y Santa Bárbara Sistemas (de la estadounidense General Dynamics), responsable de la fabricación de los nuevos blindados 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra, que acumulan importantes retrasos.
El objetivo es desarrollar el Vehículo de Apoyo Cadenas, que “responde a una necesidad operativa prioritaria de las Fuerzas Armadas”: dotar al Ejército de Tierra “de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realiza el Transporte Oruga Acorazado (TOA) que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.
Y otros 67 millones ha recibido otra UTE formada entre Cipherbit (del grupo Oesía) y Epicom, cuyos socios son la SEPI, Indra y la propia Oesía, protagonista de más de una decena de fichajes de ex cargos del Ejército en los últimos años, en plena explosión del gasto militar. Esa UTE se encargará de un programa de Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM) que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional.
Subcontratación
Indra ha destacado que la subcontratación de estos encargos (que no puede asumir por sí sola) “movilizará a la industria nacional y generará más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido” como resultado de estos préstamos. Con una red nacional de proveedores actualmente compuesta “por un variado ecosistema en el que un 65% son pymes, startups, y centros tecnológicos o de investigación”, Indra ya está subcontratando en la actualidad cerca del 77% de sus encargos a la industria nacional.
Según la compañía, “gracias a los PEM, Indra ampliará notablemente su cadena de valor, contribuyendo a desarrollar tecnologías innovadoras y modernas capacidades de producción que fortalecerán la defensa nacional y europea”. “Las estimaciones iniciales apuntan a que Indra ampliará el ecosistema actual de más de 1.000 colaboradores con otras 200 nuevas incorporaciones entre proveedores y socios industriales distribuidos por toda la geografía española”.
Otro nombre muy destacado es el gigante aeronáutico europeo Airbus, del que la SEPI tiene un 5%. En solitario se ha adjudicado 3.680 millones en préstamos al 0% para el desarrollo de seis de estos programas, y otros 80 millones para uno que desarrollará con Indra. A continuación figuran la estatal Navantia (2.292 millones), 100% de la SEPI y, ya con cifras mucho menores, otras empresas como General Dynamics, Aertec y Urovesa.
Navantia se ha adjudicado el tercer programa que más fondos recibe, 1.280 millones para el desarrollo de “Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas (Modernización Media Vida F-100), consistente en la modernización de las Fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), que entraron en servicio entre 2002 y 2006, y que requieren la actualización de sus capacidades operativas para extender su vida operativa, al menos, durante veinte años”.
