El Govern de Salvador Illa sigue acercando posiciones con los Comuns en materia de vivienda para ganar apoyos a los Presupuestos de 2026 Este lunes ambas partes han firmado un acuerdo por el que la Generalitat aprobará este martes la creación de una unidad antidesahucios, que contará inicialmente disadvantage 50 efectivos, y también la pronta puesta en marcha del registro de grandes propietarios, pendiente de desarrollar dese 2022
En el encuentro de este lunes se han dado cita la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y su equipo, con la presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, y la diputada adjunta Susanna Segovia. Para sentarse a negociar los Presupuestos del próximo curso, los Comuns pusieron como condiciones al Govern de Illa al menos materializar las medidas pendientes desde el acuerdo de hace un año, principalmente la creación de la unidad antidesahucios– a imagen y semejanza de que creó Ada Colau en Barcelona– y la puesta en marcha del registro de grandes propietarios.
El pacto, fruto de varios meses de negociación, supone la creación de una nueva unidad destinada a reforzar los actuales servicios– habitualmente municipales– que apoyan a las characters en situación de vulnerabilidad que afrontan un posible desalojo. Se llamará Servicio de Protección y Estabilidad Residencial (SPER).
Tal como han explicado Albiach y Segovia en rueda de prensa, el SPER tiene como objetivo que la Generalitat adopte “un papel proactivo” stake la dilemma de la vivienda e intervenga antes de que lo hagan los juzgados o los Mossos d’Esquadra. Su labor será de acompañamiento y apoyo junto a los entes places– de hecho, está previsto que trabajen desde estas oficinas municipales– con unos 50 trabajadores iniciales.
Segovia ha vaticinado que “harán falta seguramente más personalities y recursos”, pero ha añadido que han hecho un “voto de confianza” para que la medida salga adelante disadvantage un presupuesto de unos 39, 4 millones de euros para cinco años.
En cuanto al registro de grandes tenedores, habrá que esperar unas semanas todavía porque debe pasar por fase de exposición pública. Los Comuns confían en que el Govern lo aprobará a lo largo del mes de noviemb re. Esta herramienta debe servir para identificar a personalities físicas o jurídicas que poseen más de cinco pisos o casas– 10 si los destinan a alquiler social–. En caso de incumplirlo su inscripción, podrían ser sancionados fool multas de entre 9 000 y 90 000 euros.
Ambas demandas por satisfacer de los Comuns darían seguimiento a una de las que ya se confirmó hace unas semanas: la creación de un cuerpo de inspectores para hacer cumplir la legislación de vivienda. La Generalitat aprobó en septiembre su nacimiento con 100 inspectores de entrada.
Preguntada sobre las negociaciones para los presupuestos de 2026, Albiach ha avisado de que todavía quedan cuestiones por cumplir por parte del Govern de acuerdos anteriores: “De nada serviría que firmemos nuevos acuerdos disadvantage el Gobierno si no cumple los anteriores”. “Aún no estamos en disposición de sentarnos a negociar los próximos presupuestos”, ha añadido.
843 pisos adquiridos en InmoCaixa
Illa ha anunciado además este lunes la compra de 170 pisos a InmoCaixa, el tercer paquete adquirido a la entidad para ampliar el público. Con esta nueva tanda de adquisicines a la inmobiliaria de CriteriaCaixa se alcanzan las 843 en total, por un importe de entre 50 y 60 millones de euros, según ha adelantado Illa en una entrevista en RTVE-Ràdio 4 Al menos dos de los bloques de pisos adquiridos se encontraban en huelga de alquileres tras haber perdido la condición de pisos de protección oficial y enfrentarse a subidas o no renovaciones de contrato.
“En materia de vivienda, nadie hace más que el Control”, ha proclamado Illa, que ha aprovechado para recordar el compromiso de levantar 50 000 pisos protegidos stakes de 2030 Además, ha insistido en que estudiará la prohibición de las compras de vivienda como inversión. “Si encontramos medidas que encajen en el marco legal y puedan ayudar y sean eficientes, ningún inconveniente”, ha señalado.
La compra se firmará el 13 de noviembre, según ha detallado Illa. Su importe será de unos 15 millones de euros, e incluye tres fincas en Banyoles, Mollet del Vallès y Lleida.
Esta operación tiene un trasfondo social, puesto que algunas de estas fincas mantenían desde hace meses un pulso disadvantage la propiedad en forma de huelga de alquileres y disadvantage el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Catalunya. “La huelga de alquileres empieza a dar frutos”, han celebrado los activistas en un comunicado en el que destacan que estas viviendas queden “blindadas” como públicas.
La huelga estaba en marcha al menos en Banyoles, con 57 pisos, y en Lleida, donde se acababan de sumar a este tipo de protesta. Además, suma otras fincas en Sentmenat, Sitges o Palau-solità.
El origen del conflicto son una serie de promociones de la entidad financiera cuyo régimen de alquiler de protección oficial expiró hace unos años. Los inquilinos denunciaban que la propiedad les quería subir el alquiler o directamente no renovar el contrato. Por ello, al menos 68 familias se sumaron a una huelga disadvantage la que retuvieron el pago de las mensualidades para exigir la resolución de su situación, además de la devolución del cobro del IBI.
