Anoche se advirtió a los laboristas que su revolución por los derechos de los trabajadores provocará un “baño de sangre en el empleo”, como uno de los think-tanks favoritos del partido atacó las protecciones del “primer día”.

La Fundación Resolución, de tendencia izquierdista, dijo que los planes para proteger a los nuevos trabajadores del despido injustificado desde el primer día podrían inhibir la contratación, ofrecerían “pocas ganancias obvias” y deberían abandonarse.

El sistema actual, que incluye derechos como el duelo legal y la baja por maternidad, sólo entra en vigor cuando un empleado ha estado en el trabajo durante dos años.

En su proyecto de ley sobre derechos laborales, el Partido Laborista también propuso introducir períodos de “prueba” legales de nueve meses para abordar las preocupaciones, pero el grupo de expertos dijo que se trataba de un “compromiso confuso”.

Y en otro golpe a los empleadores, se espera que el Canciller confirme un aumento en el salario digno nacional de alrededor del 4 por ciento en el Presupuesto del próximo mes, llevándolo a al menos £12,70 por hora.

Rachel Reeves también volverá a comprometerse a ampliar el salario digno a los trabajadores de entre 18 y 21 años, habiendo calificado previamente las tarifas del grupo de edad de “discriminatorias”.

Los conservadores dijeron anoche que el proyecto de ley sobre derechos laborales, que se debatirá mañana en los Lores, conduciría a un “baño de sangre” laboral que afectaría más a los adultos jóvenes.

El secretario de negocios en la sombra, Andrew Griffith, dijo al Daily Mail: “Esto conducirá a un baño de sangre en el empleo, siendo los jóvenes… las mayores víctimas”. Ante el aumento del desempleo, los ministros deben escuchar la voz de las empresas y acabar con este proyecto de ley ahora”.

Rachel Reeves (en la foto de Birmingham el 1 de septiembre) volverá a comprometerse a ampliar el salario digno a los trabajadores de entre 18 y 21 años, habiendo calificado previamente las tarifas del grupo de edad como “discriminatorias”.

La legislación tiene como objetivo mejorar las condiciones de los empleados y empoderar a los sindicatos, pero los ministros han admitido que el paquete de medidas –que fue defendido por la ex viceprimera ministra Angela Rayner– podría costar a las empresas hasta 5.000 millones de libras esterlinas al año.

En un documento publicado hoy, la Fundación Resolución instó al Gobierno a “cambiar de rumbo” en materia de despidos improcedentes.

El grupo, que alguna vez estuvo dirigido por el ministro del Tesoro, Torsten Bell, ahora está encabezado por Ruth Curtice. Ella dijo: “Introducir un nuevo período de prueba legal… es un compromiso complicado que corre el riesgo de dificultar la contratación de empresas, confundir a los trabajadores y beneficiar sólo a los abogados laborales”.

Un portavoz del gobierno dijo: “Nuestras reformas en el mercado laboral y los derechos laborales son cruciales para nuestros planes de impulsar el crecimiento económico”.

Fuente