La marcha atrás del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el incremento de las cuotas de los autónomos en 2026 pone en riesgo parte de los fondos de recuperación. La cotización a la Seguridad Social de los autónomos según sus ingresos reales es uno de los hitos por los que España recibió el tercer pago de los fondos, con 6.000 millones de euros en 2023. Esta medida se aprobó para que fuera implementada de forma gradual hasta 2032, pero su práctica paralización el año que viene y, probablemente, en 2027, cuando hay previstas unas elecciones, complica su ejecución final. A preguntas de elDiario.es sobre este hito del plan de recuperación, un portavoz de la Comisión Europea responde que “si un Estado miembro revierte un hito o un objetivo cumplido satisfactoriamente, la Comisión podrá retirar los fondos inicialmente desembolsados en virtud del marco general del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. El incumplimiento le podría costar a España hasta 1.400 millones de euros.
El Gobierno alcanzó un acuerdo de reforma para que los autónomos cotizaran por sus ganancias, con un periodo de transición de diez años, hasta 2032. El entonces ministro José Luis Escrivá cerró el acuerdo de subida de cuotas entre 2023 y 2025. La actual ministra Elma Saiz hizo una propuesta inicial que posteriormente revirtió ante las quejas de una asociación de autónomos, la patronal y el guirigay político montado por el PP, aunque los populares votaron en 2022 a favor de esta medida en el Congreso.
La Comisión Europea puede penalizar a un país por el incumplimiento de los hitos por los que ha recibido dinero de los fondos europeos. De hecho, en 2023 Bruselas ya lanzó una advertencia a España centrada en un posible incumplimiento de la reforma de las pensiones con la modificación del sistema de infracciones. Con este cambio se quería dejar claro que el incumplimiento de hitos no se iba a castigar de la misma manera, la multa dependería de su relevancia y de su impacto en reformas de calado.
España aspira a un volumen de fondos de 163.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos, para los que tiene que cumplir 595 hitos. Los incumplimientos se castigan dividiendo la cuantía de los fondos por el número de hitos, de manera que cada hito supone unos 275 millones, pero la Comisión añade unos coeficientes según la importancia del hito, que multiplican la multa entre un 0,5 para los hitos intermedios y por 5 a los hitos y objetivos relacionados con la entrada en vigor de una reforma. La sostenibilidad del sistema de las pensiones es una de las reformas principales y la cotización de las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos según sus ingresos reales es fundamental para su cumplimiento, con lo que no alcanzar este hito podría desembocar en una multa de hasta 1.400 millones.
Aunque en la reforma pactada hace solo tres años todas las partes se comprometieron a culminar la cotización por ingresos netos de los autónomos en 2032, en la CEOE y el colectivo de autónomos ATA (dentro de la patronal) afirman ahora que “ya han cumplido” y que los trabajadores por cuenta propia “ya cotizan por ingresos fiscales”, en palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA. En realidad, solo lo hacen por una parte, pero no por el total, con una gran brecha respecto a los asalariados, especialmente en los autónomos con mayores ganancias.
“El actual contexto político lo hace muy difícil”
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que “se va a cumplir con la medida en 2032. En ningún caso se está claudicando en la cotización de autónomos por ingresos reales. Sería deseable un escenario más ambicioso, pero el actual contexto político lo hace muy difícil. Hay que recordar que la medida se aprobó con un amplio respaldo en el Congreso y en ningún caso se va a dejar de cumplir con el compromiso con la Unión Europea”. Sin embargo, fuentes del diálogo social no lo ven tan claro.
“Este freno puede afectar a los fondos europeos. Hay un compromiso de adecuar las cotizaciones a sus ingresos reales, pero en 2026 no avanzamos. No se actualiza ni con la inflación. No se están haciendo las tareas pendientes. Estamos hablando de una medida que es una pata muy importante de la reforma de pensiones, que interesa mucho a Bruselas. Se pone en riesgo el equilibrio conjunto de la reforma de pensiones. Bruselas nos puede decir algo y que se pongan en juego parte de los fondos”, explica un miembro del diálogo social conocedor de las negociaciones de esta reforma.
“La situación es muy complicada”, lamenta por su parte María José Landaburu, secretaria general de UATAE, colectivo de autónomos vinculado a CCOO, que recuerda que “el año que viene es electoral”, un contexto en el que suele ser más todavía complejo armar consensos en temas delicados como este. Mientras, el tiempo pasa y, si no se avanza en la cotización por ingresos reales, luego la adaptación sería más abrupta en los últimos años para cumplir con la meta de 2032, algo que tampoco parece muy factible políticamente.
Desde el Ministerio se admite que “se decidió un horizonte de nueve años para su implementación porque el 85% de los autónomos cotizaba el mínimo y había que darles un margen para que se fueran adaptando y el cambio no fuera tan abrupto. Además, se necesitaba tiempo para que el nuevo sistema fuera implantado por la Seguridad Social y se monitorizara su éxito, algo que ha sido así en los tres primeros años en los que se ha llevado a cabo”.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, el colectivo de autónomos ligado a UGT, pide “responsabilidad” a todas las partes. “Los acuerdos para algo son acuerdos”, insiste y recuerda que uno de sus objetivos principales es la mejora de la protección social de los autónomos a futuro.
No sería la primera vez que España deja escapar fondos de recuperación. La Comisión Europea suspendió el desembolso de 626 millones de euros de estos fondos por el trato de España a los interinos y algo más de 500 millones por incumplir dos reformas: la equiparación del impuesto entre la gasolina y el diésel y la digitalización de las entidades locales, en el pago del quinto desembolso de los fondos de recuperación (22.900 millones). En el caso de la equiparación de impuestos de carburante fue la presión de un socio de la legislatura como el PNV la que hizo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidiera aparcar la reforma. Los más de 1.100 millones se pueden recuperar para las arcas españolas si el Gobierno cumple con estos hitos.
