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Un caso que sacude el tablero político
La reciente condena por delito de terrorismo contra el congresista Guillermo Bermejo ha generado un nuevo frente de debate político y jurídico. Expertos constitucionalistas coincidieron en que el Fiscal de la Nación está obligado a abrir una investigación preliminar sobre los partidos políticos asociados al legislador: Perú Libreque lo llevó al Congreso en 2021, y Voces del Puebloorganización fundada por él tras su distanciamiento con el partido de Vladimir Cerrón.
La sentencia de primera instancia, emitida por la Sala Penal Nacionalmarca un punto de inflexión en la lucha del Estado contra la infiltración de ideologías radicales en las estructuras partidarias. Según los especialistas, si se demuestra que los partidos actuaron con conocimiento o respaldo a las actividades del parlamentario, el Ministerio Público tendría facultades para solicitar su ilegalidad o disolución ante el Poder Judicial.
¿Puede un partido ser declarado ilegal por vínculos con el terrorismo?
El constitucionalista Alejandro Rospigliosi precisó que la responsabilidad penal de Guillermo Bermejo no implica automáticamente la sanción a los partidos, pero constituye un indicio suficiente para indagar su entorno político. “Debe demostrarse que la organización tenía conocimiento y estaba vinculada, directa o indirectamente, al comportamiento delictivo de Bermejo”, sostuvo.
Rospigliosi recordó que la ley establece criterios claros: un partido puede ser declarado ilegal si se prueba que utiliza su poder con métodos antidemocráticos o promueve la violación de los derechos humanos y el Estado de derecho. Bajo esos parámetros, señaló, Perú Libre y Voces del Pueblo deben “aclarar si estuvieron relacionados o no con las actividades” que dieron origen a la condena del parlamentario.
Por su parte, el abogado Lucas Ghersi coincidió en que la disolución de un partido es una medida extrema, pero legítima si se comprueba que “la ideología de dicha agrupación resulta contraria a los valores democráticos”.
Fiscalía y Defensoría: los únicos facultados
La ley peruana señala que solo el Fiscal de la Nación o el Defensor del Pueblo pueden solicitar la declaración de ilegalidad de un partido político. Por ello, los expertos subrayaron que el rol del Ministerio Público es determinante en este caso.
“El fiscal de la Nación está obligado a abrir una investigación preliminar respecto a los dos partidos vinculados a Bermejo: el que lo llevó al Parlamento, Perú Librey el que él mismo fundó, Voces del Pueblo”, enfatizó Rospigliosi.
Ghersi complementó indicando que, aunque la condena sea apelable, el proceso de investigación no necesita esperar una sentencia firme. “La apertura de la indagación no constituye sanción alguna; es un paso necesario para determinar si existe base jurídica para un proceso de disolución”, apuntó.
Bermejo y su entorno político
Guillermo Bermejo, uno de los rostros más controvertidos del Congreso, fue condenado en primera instancia por terrorismo tras ser acusado de mantener vínculos con organizaciones subversivas en el VRAEM. Su defensa ha anunciado apelación, mientras que el parlamentario insiste en su inocencia y denuncia una persecución política.
Sin embargo, su condena reaviva el debate sobre la penetración de grupos radicales en la política nacionaluna discusión que involucra directamente a Perú Librepartido que lo impulsó como candidato en 2021 y cuyo líder, Vladimir Cerróntambién enfrenta investigaciones por corrupción.
En paralelo, Voces del Pueblola agrupación política creada por Bermejo, ha mantenido un discurso de confrontación con el actual gobierno y los sectores conservadores del país. Su futuro dependerá ahora del resultado de las investigaciones fiscales y de la interpretación jurídica que se haga sobre su posible conexión con actos ilícitos.
Un precedente delicado
La eventual solicitud de ilegalidad de un partido político por presuntos vínculos con el terrorismo no tiene precedentes recientes en el Perú. Sin embargo, los juristas advierten que el Estado no puede permanecer inactivo ante indicios que comprometan la seguridad nacional y el sistema democrático.
“Si no se investiga, se normaliza la infiltración de ideologías violentas en la política. La Fiscalía de la Nación no solo puede, sino que debe actuar”, sostuvo Rospigliosi.
De prosperar un proceso de este tipo, marcaría un precedente histórico que podría redefinir la fiscalización sobre los partidos y las condiciones de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
¿Qué implicaría declarar ilegal a un partido político?
Una eventual declaración de ilegalidad significaría la disolución de la organizaciónla cancelación de su inscripción electoral, el embargo de sus bienes y la inhabilitación de sus dirigentes para participar en futuros procesos. Sin embargo, los analistas advierten que una medida de tal magnitud debe estar sustentada en pruebas sólidasno solo en conjeturas políticas.
“La disolución es una herramienta excepcional del orden democrático. Pero cuando se trata de vínculos con el terrorismo, el Estado tiene la obligación de protegerse”, concluyó Ghersi.
Reflexión final
Mientras Guillermo Bermejo continúa defendiendo su inocencia y anunciando apelaciones, los reflectores apuntan al Fiscal de la Naciónquien deberá decidir si abre una investigación sobre las organizaciones que acompañaron al parlamentario en su carrera política. La decisión marcará el equilibrio entre la libertad política y la defensa del sistema democrático frente a cualquier sombra de radicalismo.
