Dos antiguos mandos de la estructura antiterrorista de la Policía Nacional han sido imputados en un juzgado de Getxo (Bizkaia) como consecuencia de la denuncia que presentaron un padre y una hija, dueños de una tienda de coleccionismo militar, a los que la investigación dirigida por los policías atribuyó la dirección de una red internacional de tráfico de armas. El caso contra Jesús y Amaia Prieto fue archivado de forma definitiva el 31 de enero de 2022, cinco años después de que pasaran tres meses en prisión provisional por unos delitos que nunca cometieron. Al salir de la cárcel, su negocio y sus vidas estaban arruinadas.
El 17 de enero de 2017, agentes antiterroristas de la Policía irrumpieron en Cantábrico Militaria, un almacén que sirve de taller y tienda para coleccionistas de armas de todos los periodos históricos. En sus estanterías se apilan armaduras de época, material de los dos grandes conflictos mundiales del siglo XX, de la Guerra Civil española… Uno de los principales clientes de Cantábrico Militaria era el cine español. Sus armas aparecen en cintas tan conocidas como ‘Los últimos de Filipinas’, ’23-F’, ‘El Laberinto del Fauno’ o ‘Lasa y Zabala’.
Los policías de la Comisaría General de Información detuvieron en la Operación Portu a Jesús, de 68 años entonces e inmerso en su enésimo tratamiento de radioterapia por los dos cánceres que ha sufrido. A Amaia, licenciada en Bellas Artes, la interceptaron después de dejar a sus hijos en el autobús del colegio. Los agentes tenían autorización judicial para incautarse de 9.000 armas, todas inutilizadas. Con los informes que presentó la Policía, de un detalle técnico incomprensible para cualquier lego en la materia, un juez envió a la cárcel al padre y a la hija por tenencia, tráfico y depósito de armas.
Cuando ambos salieron de prisión comenzó una batalla legal que continúa ocho años después. A finales de 2024, el abogado de la familia presentó una querella ante los juzgados de Getxo. Acusaba a los dos policías que firmaron los principales atestados de los delitos de acusación y denuncia falsa, de falso testimonio ofrecido por perito, de daños imprudentes –por los destrozos innecesarios causados en el local– y de vejaciones injustas, por el trato que recibieron durante su arresto.
El 8 de marzo de 2025, el Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo admitió a trámite la querella y citó a declarar a los dos policías señalados, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ambos acudieron al juzgado el 24 de junio. Tras su testimonio, la Fiscalía solicitó el archivo, pero cuatro meses el juez les mantiene la condición de investigados.
La acusación que construyó la Policía contra Jesús y Amaia consistía en que, aunque las armas en Cantábrico Militaria se vendían inutilizadas, luego sus dueños comerciaban por detrás con las piezas que faltaban para que volvieran a funcionar. Los informes policiales, repletos de imprecisiones y tergiversaciones, fueron aderezados con referencias al “palpable clima de tensión existente en Europa tras los ataques terroristas realizados con diferentes armas de fuego” y el comentario de que en esos atentados se habían utilizado algunas “originarias de armerías”. España, avisaban, estaba en nivel 4 de alerta antiterrorista, riesgo alto.
Un dato incluido en las pesquisas policiales dotaba de relevancia internacional su investigación: el terrorista que mató a cuatro personas en el museo judío de Bruselas en 2014 había adquirido un AK-47, un rifle de asalto, en una armería de Bélgica donde apareció un certificado de inutilización de un arma que había salido de Cantábrico Militaria.
El certificado de inutilización acompaña a cada arma desde que se convierten en un objeto de colección. El documento hallado en Bélgica no era del rifle utilizado en el atentado y el arma que debía acompañar al documento elaborado por Jesús Prieto nunca fue encontrada. Ese certificado, además, podía haber pasado por un número indeterminado de manos hasta aparecer en la armería belga, según expuso la defensa.
La Policía promociona a los agentes imputados
Los atestados de la Operación Portu están firmados por los policías nacionales con carnet profesional 89.512 y 127.200. Con ocasión del patrón de la Policía de 2017, el primero que se celebró tras el gigantesco dispositivo policial –más de un centenar de efectivos de Euskadi y llegados desde Madrid–, el agente más veterano fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que conlleva un incremento vitalicio de un 10% en su nómina.
Pese al resultado desastroso de las pesquisas, este inspector continuó en labores operativas en la estructura antiterrorista de la Policía. Recientemente ha ascendido a inspector jefe y ha encontrado acomodo en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dedicado a la coordinación entre cuerpos. “Al CITCO solo se llega con recomendación”, señala a este periódico un antiguo responsable del organismo.
Como ocurriera con su compañero, el fracaso estrepitoso de la Operación Portu y sus consecuencias no fueron óbice para que el segundo agente también fuera condecorado, en su caso sin asignación económica, y reclamado después para la Secretaría de Estado de Seguridad, el motor del Ministerio del Interior, cuando su titular era Rafael Pérez.
Damián Cantero, como se llama este policía con perfil público, permaneció allí hasta que ascendió a inspector jefe. Ahora depende de la División de Personal y compatibiliza su trabajo en la Policía Nacional con el puesto de director docente de una de las academias privadas con más reclamo para la formación de aspirantes al Cuerpo. Tiene presencia en las redes sociales y en 2016, mientras se desarrollaban las investigaciones de la Operación Portu, publicó el libro ‘Cómo ser policía y no morir en el intento’, con prólogo del locutor Javier Cárdenas. elDiario.es se ha puesto en contacto con Cantero, que ha optado por no hacer declaraciones.
A los tres meses de su detención, Jesús y Amaia salieron en libertad. Él pasó el encierro en la enfermería de la prisión. Ella, sin un solo antecedente como su padre, asegura que nunca superará por completo la experiencia de la cárcel. Ambos encontraron su negocio arrasado por los registros, que se prolongaron durante numerosos viajes de los agentes de Madrid a Getxo, sufragados con el pago de dietas (Cantero viajó hasta en 14 ocasiones).
La investigación avanzaba lenta, en círculos, mientras los acusados constaban que su negocio se había ido a pique. Las armas, custodiadas a la intemperie por la Policía, sufrían daños irreparables. Poco a poco las fueron recuperando, aunque a día de hoy, ocho años después, no han sido devueltas todas. La querella que ha motivado la imputación de los policías cifra en 1,2 millones de euros los daños causados. “El 95% de los clientes desaparecieron después de las detenciones”, relató Amaia a elDiario.es para el reportaje que reveló las consecuencias de la Operación Portu.
Tras una cruda y tediosa batalla en el juzgado, el 31 de enero de 2022 el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo dictó un auto de archivo libre, sin posibilidad de recurso. No había delito alguno en la actividad de Jesús y Amaia. Pero ya era demasiado tarde para curar algunas heridas. Con los nervios rotos, la vida de ambos, las relaciones con su entorno, habían sufrido daños irreparables.
Hasta llegar a ese auto, Jesús y Amaia habían necesitado de informes periciales pagados de su bolsillo en los que se ponían en evidencia las acusaciones de los policías, los errores de los peritos del Cuerpo, el humo con el que la estructura antiterrorista había intentado trasladar a la opinión pública, con amplio despliegue mediático, que habían asestado un golpe de primera magnitud al tráfico de armas en Europa.
Una operación “desbaratada punto por punto”
El juez Iñigo Martínez Azpiazu, con ayuda del fiscal, fue profundizando en el aspecto técnico de la investigación policial. Y fue rotundo en su auto de sobreseimiento libre: “Ninguna lesividad se desprende del depósito de las armas, pues carecen de todos y cada uno de los elementos que permitirían detonar tales armas, no hallándose ninguna en estado de funcionamiento”.
El juez y el fiscal se explayaban: “Se refiere que todas y cada una de tales armas son inertes/inútiles, pues les falta no sólo la carga de propulsión, también la carga primera de espoleta cebo, la carga secundaria o el explosivo (…) las armas carecen de espoleta real y armada ni tubos de lanzada, lo que hace que dejen de ser objetivamente operativas al armado y disparo”. El magistrado añadió: las acusaciones contra Jesús y Amaia debían “contextualizarse en el marco de una operación colosal que se ha desbaratado punto por punto”.
La exhibición de las armas y la nota de prensa de la Dirección General de la Policía no tuvo lugar cuando se produjo la operación sino dos meses después, el 14 de marzo de 2017. Justo ese día, el Parlamento Europeo aprobó una legislación más restrictiva en el uso de armasreacción de la Eurocámara a los atentados yihadistas de los años precedentes. En las imágenes difundidas por la Policía, el director operativo de Europol aparece felicitando a sus colegas españoles.
La nota de prensafotografías y vídeos incluían un gigantesco bodegón, con más de 10.000 armas, ante el cual los responsables del operativo hacían declaraciones. Todo enlatado y servido en un enlace disponible para que los periodistas lo descargasen antes de su difusión.
