Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en las sedes de la empresa Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla con un requerimiento judicial dictado en el marco del caso Ábalos, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. La orden judicial se ha dictado bajo el secreto de las actuaciones, en el marco de una pieza separada, e incluye la autorización de registrar las sedes. Los registros de este viernes están precedidos de la presentación de un nuevo informe al juez por parte de la UCO dentro de la investigación de irregularidades en la adjudciación de obra pública.
El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez Leopoldo Puente que envió a la cárcel a Santos Cerdán el pasado julio. El magistrado decía que la obtención de contratos por la constructora de la familia Entrecanales, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama.
El hilo conductor del magistrado se completaba en el hecho de que en los casos bajo investigación, Acciona y la otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribió el juez del Tribunal Supremo.
El registro de la compañía en Madrid incluye la búsqueda de información relacionada con Justo Vicente Pelegrini, el responsable de Construcción en España que fue despedido tras aparecer su nombre en la causa judicial. La compañía informó el pasado 16 de junio que despedía a Pelegrini ante “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”. Se trataba del directivo del que dependía Fernando Merino, antiguo responsable de la compañía para proyectos en Navarra y La Rioja y que fue despedido en 2021.
A diferencia de Pellegrini, Fernando Merino está imputado en el Tribunal Supremo por canalizar presuntamente mordidas para la trama por varlor de 620.000 euros. Un audio grabado por Koldo García en noviembre de 2023 recoge, según la UCO, una “posible referencia” a Pelegrini cuando el actual ministro de Transportes estaba conformando su equipo: “Santos (Cerdán) ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo” (…), “en posible referencia a Justo Vicente Pelegrini, CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África”.
En Sevilla, la personación en Acciona de la UCO está relacionada con la adjudicación de las obras en el Puente del Centenario. El 17 de mayo de 2021, una UTE formada por Acciona, Tecade y Freissynet se hizo con la adjuciación por un importe superior a 86 millones de euros. La UCO ya mencionaba esta adjudicación al intepretar las conversaciones incautadas a Koldo García. En el informe de la Guardia Civil se recogía cómo Santos Cerdán habría intervenido en la adjudicación instando a Koldo García a “cerrar” el asunto de la renovación del puente. Luego, García le diría a Ábalos en otra conversación que Cerdán estaba “obsesionado” con resolver la adjudicación.
El requerimiento de junio
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga esta ramificación del caso Koldo –ya ha enviado al exministro Ábalos al banquillo por supuestos amaños en la compraventa de mascarillas a cambio de beneficios personales– considera que Acciona está en el centro de la trama y ha llegado a interrogar a un exdirectivo. El pasado mes de junio emitió un requerimiento de información a la compañía de la familia Entrecanales para solicitar información.
Ese auto del juez ya apuntaba a varias obras en Logroño, Sevilla, Sant Feliu de Llobregat y Murcia y cómo su supuesta “adjudicación indebida” pudo desembocar en “premios y comisiones” para Koldo García y José Luis Ábalos, aunque algunas de ellas estarían “pendientes de cobro”. Ya en ese momento el magistrado del Supremo optó por requerir la información y no enviar a la UCO a registrar Acciona porque podría ser una medida “invasiva” ya que el exdirectivo bajo sospecha ya no trabaja allí.
El instructor del caso Koldo pidió entonces a Acciona toda la documentación relacionada con ese exdirectivo y su correo corporativo, así como “toda la documentación tanto en formato físico como digital” de cinco obras públicas adjudicadas a Acciona en UTE con otras empresas: dos adjudicadas por la Dirección General de Carreteras y otras tres de ADIF, el gestor público ferroviario.
Registros en Donosti
Los agentes de la UCO también registran dos cooperativas que comparten sede en Donosti. Se trata de Noran y Erkolan. Esta última facturó a Servinabar –la empresa del empresario imputado Antxon Alonso– unos 258.000 euros, según consta en los informes de la Hacienda foral incorporados al sumario del Tribunal Supremo. Noran, la otra cooperativa que compartían Antxon Alonso y Koldo García facturó a Servinabar 2000 más de 700.000 euros. Servinabar conecta estos últimos registros con el de Acciona ya que la pequeña compañía de Antxon Alonso acudía a los concursos en UTE con Acciona. Los investigadores sospechan que la gran constructora habría utilizado a Alonso para ganarse el favor de Cerdán y que este influyera en las adjudicaciones.
En el registor de Servinabar de junio apareció un documento interno que apuntaba a que Cerdán controlaba el 45% de la empresa constructora Servinabar 2000. El ex secretario de Organización del PSOE siempre ha negado que tuviera validez y alegó en sede judicial que fue un proyecto para retirarse de la política en 2015 que nunca se puso en marcha. Servinabar 2000 ha recibido (al menos) siete adjudicaciones del Gobierno de Navarra y de áreas controladas por tres partidos diferentes, PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, Batzarre, IU y otros). En total, según las estimaciones de este periódico, ha participado en adjudicaciones que suman 86 millones de euros (con IVA 104 millones) principalmente en UTE con Acciona, de los que un 10% corresponden a la compañía navarra, 8,6 millones.
Por otra parte, Servinabar tuvo contratada a la hermana de Cerdán y le pagó unos 22.000 euros. Belén Cerdán trabajó después para la cooperativa Erkolan, una de las dos registradas este viernes en la capital guipuzcoana.
