Maricarmen cruzó por primera vez el umbral de su casa el 3 de septiembre de 1956. Sus padres alquilaron una vivienda en el madrileño barrio de Ibiza, donde se mudaron con sus dos hijos. Ella tenía 17 años y nunca más dejó ese piso. “Aquí he hecho de todo”, rememora, porque siete décadas dan para toda la una vida. Incluso para una batalla legal que se alarga ya un lustro y que amenaza con finalizar este miércoles, con un desahucio a favor de un fondo buitre al que la mujer, de 87 años, se resistirá. “Si me van a cortar el cuello, será luchando, no sentada en una butaca o marchándome por la noche con una maleta. No aguanto más los acosos”, advierte.
Desde el principio. Los padres de Maricarmen alquilaron la vivienda en 1956. “Mi papá fue quien firmó el contrato, porque la firma de las mujeres no tenía ningún valor. Por desgracia, murió joven, en el año 60. Mi mamá se subrogó y seguimos viviendo aquí sin ningún problema”, explica la mujer.
En aquella época, los contratos de alquiler eran vitalicios e, incluso, podían ser heredados por el cónyuge y los sucesores que viviesen en el mismo domicilio. En 1985, el entonces ministro de Economía Miguel Boyer decretó el fin de esta garantía para los nuevos contratos. Una decisión que hoy explica, en parte, la inseguridad habitacional a la que viven expuestas miles de familias, pendientes de la renovación de sus alquileres y de la voluntad de sus propietarios. Entonces, el conocido como ‘decreto Boyer’ justificaba los cambios en la normativa para mejorar la actividad del sector de la construcción y frenar una escalada de precios que atribuían a “la eventual indemnización” que el arrendador debía pagar al arrendatario para que acepte la rescisión del contrato“.
El PSOE, capitaneado entonces por Felipe González, antepuso los beneficios de las constructoras a la estabilidad de las familias inquilinas y la protección de los rentistas a la seguridad de los arrendatarios. Cuarenta años después, los inquilinos sufren la angustia de renovaciones y subidas despiadadas cuando finalizan los contratos. Entre 2015 y 2023, los alquileres han subido más de un 30%, con incrementos de hasta el 100% en ciudades como Málaga, Santa Cruz de Tenerife y València.
Pero la garantía de ese alquiler vitalicio se mantuvo para aquellos que lo habían firmado antes de la entrada en vigor del ‘decreto Boyer’. Son lo que actualmente se conoce como rentas antiguas, que se estiman en unas 125.000 en todo el país. Como la de Maricarmen, que se subrogó al contrato de sus padres cuando su madre falleció en 2005. “Con los dueños antiguos no tuve ningún problema”, recuerda, pero estos vendieron la propiedad en 2018. Y ahí comenzó a complicarse la situación.
“Un fondo buitre compró la finca y realizó una serie de mejoras en la fachada y en algunos pisos, que pusieron a la venta”, recuerda. A Maricarmen le ofrecieron entonces adquirir la vivienda por 250.000 euros, una cantidad que con 80 años y su pensión como único ingreso no podía asumir. “El banco no me iba a dar un euro. Les dije que no y ellos me respondieron que respetaban todos los derechos que estaban en el contrato que firmó mi papá en el año 56, así que me quedé tranquila un mes”, explica, porque ese fondo le vendió la casa a Urbagestión Desarrollo e Inversion. “Un fondo buitre primero con este fondo buitre segundo”, lamenta.
A finales de 2020, relata, la nueva propiedad le propuso una subida de la renta de más de un 300%, inasumible para ella. Eran 1.650 euros al mes, para una pensión de 1.450. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, explica. Así que el caso se judicializó. La normativa antigua permitía solamente una subrogación indefinida y una segunda con una duración de solo dos años, salvo en el caso de que el descendiente tuviese una discapacidad reconocida superior al 65%. Así las cosas, Maricarmen era esa segunda subrogada, tras su madre, y ‘solo’ tiene una discapacidad del 50%. “Hay que pensar que en la época en que mi papá alquiló este piso, las mujeres no teníamos ni voz ni voto, entonces solo pudo firmar él, como ocurría con las cuentas corrientes”, recuerdo. Si su madre hubiera podido firmar de primeras, la suya sería la primera subrogación.
En primera instancia, el juzgado nº90 de Madrid dio la razón a Maricarmen, al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente”. También los nuevos, cuando compraron la vivienda. “Es jurídicamente relevante y consciente de sus consecuencias, formulada en términos claros e inequívocos (de los que no pueden hacerse otras interpretaciones), con la finalidad de causar estado definiendo inalterablemente la posición de su autor y generando una expectativa razonable en la actora, que, de otra parte, ya era mantenida durante 13 años, circunstancias que la hacen incompatible con lo que ahora se pretende”, afirmaba.
Sin embargo, la Audiencia Provincial atendió a las reclamaciones del fondo buitre y ordenó el desahucio de Maricarmen, que confirmó el Supremo. En mayo de 2024, recibió una carta de la propiedad, informándole que debía abandonar la casa. “Como comprenderéis, no les hice ni caso, porque a mí una carta de un señor que me dice ”márchese usted“… pues no me marché”, dice resuelta. Pero un auto del mismo juzgado que le dio la razón en primera instancia ordenó su desahucio para el próximo miércoles 29 de octubre.
La mujer se muestra combativa y asegura que no dejará la vivienda, apoyada por el Sindicato de Inquilinas. “Si me dicen que me respetan todo, ¿qué puedes pensar? Pago hasta el IBI, que estaba en el contrato de mi padre, cuando ahora no lo tienen que abonar los inquilinos. Respetamos unas cosas, pero no respetamos otras”, explica.
La zona de Ibiza, junto al parque de El Retiro, es una de las más caras de Madrid. Y el piso de Maricarmen, con más de 90 metros cuadrados, una joya para cualquier inversor. Ella paga 500 euros al mes —“más el IBI”, insiste—, por una piso que, en venta, podría rondar los 777.000 euros, según los datos de precio por metro cuadrado en esa zona que maneja Engel & Völkers. Según esta inmobiliaria, especializada en el sector lujo, es una de las zonas más cotizadas alrededor de Retiro, con revalorizaciones de hasta el 35% en lo que va de año.
“Si ellos lo compran en 250.000 y ahora está casi en un millón, son todo ganancias, porque yo he seguido pagando renta, así que los gastos están cubiertos”, denuncia Maricarmen, que ha pedido ayuda a los servicios sociales, pero se niega a ir a una residencia, para la que además hay lista de espera: “Sinceramente, mi vida era terminarla aquí, porque no tengo en mente otro sitio”.
Desde Urbagestión señalan a esta redacción que la sentencia, favorable a la compañía, está fechada a 30 de junio de 2022, tiempo en el que se ofrecieron opciones que fueron rechazadas, e indican que la mujer paga una renta de 203,56 céntimos, que la empresa “no está cobrando desde enero 2024”. Además, indican que la empresa “ha comprado única y exclusivamente esta vivienda” y que lo hace “sin intención de proceder a su venta”. En la misma línea, indican que Maricarmen se empadronó en la vivienda en el año 2002, hace 23 años, “tal y como ella misma ha puesto de manifiesto en vía judicial”.
Entre los recuerdos de toda una vida, figuritas de sus viajes y antiguas fotos, reclama al Gobierno que recupere los alquileres indefinidos y que dé una alternativa a una sociedad que sufre los estragos de la vivienda. “Es un problema de la gente joven, de la gente mayor… Es un problema generalizado”, advierte. Al despedirse, muestra una antigua cerradura anclada a la puerta, que se abre con una llave alargada. “La instaló mi padre de las casas en las que vivimos antes de venir aquí”. A la espera de que le permitan acogerse a la moratoria antidesahucios y de una solución que ponga fin a su suplicio, ella espera seguir abriéndola muchos años más.
También que otras alcen la voz: “Mi caso se conoce, pero como el mío hay muchísimos más que no oímos. Hay que decirlo, hay que salir… Tenemos que buscar la forma de cortar esto”.
