En el ala oeste de la Moncloa no hay señales de inquietud, ni de fin de ciclo, ni de adelanto electoral. Y si las hay, no las emiten. El último regate de Junts para someter al parecer de sus bases la continuidad del apoyo al Gobierno es una casilla más en el complicado laberinto de Puigdemont, pero no es el final. Ni tampoco el prólogo de la disolución de las Cortes Generales. En el gabinete presidencial dicen mantener la serenidad, más allá de que el lunes, cuando Puigdemont reúna a la dirección de su partido en Perpignan, se da por descontada la representación de lo que auguran será un “un aquelarre”.
¿Romper el qué?, se preguntan en el Gobierno, donde recuerdan que “el Ejecutivo de coalición lo integran solo PSOE y Sumar mientras que el resto de partidos del bloque de investidura han sido aliados circunstanciales, que han votado a favor de lo que les interesa y en contra de lo que consideran desde que arrancó la legislatura, y así seguirá siendo”.
Los socialistas no avistan en el horizonte ni una moción de censura en la que Junts vaya de la mano de Vox, ni tampoco una desaprobación instrumental con un candidato independiente y la posterior convocatoria de elecciones generales, el último sueño húmedo de algunos sectores de la derecha. “Ni Feijóo va a facilitar un esperpento como el que ya se vivió en el Congreso con Ramón Tamames como candidato ni los de Puigdemont se prestarán a pactar un aspirante del agrado de la ultraderecha”, sostiene un ministro de Sánchez. “No es que no seamos respetuosos con sus decisiones, es que nos limitamos a hacer un análisis de la realidad. ¿En qué benefician las generales a Junts en un momento de claro retroceso para sus siglas? ¿Para perder diputados en Madrid? ¿Para facilitar un gobierno de las derechas?”, apostilla otro miembro del Ejecutivo de Sánchez.
El presidente, eso sí, trata de buscar salidas al laberinto de los independentistas, que ya anunciaron un otoño en el que pasarían cosas que hasta ahora no habían pasado. Y, de momento, ha logrado vencer la resistencia de Alemania para aceptar el uso de catalán, gallego y euskera en la UE. Sánchez se descolgó el viernes, unas horas después de que Junts anunciara la consulta a sus bases para determinar si retira el apoyo al Gobierno, con un comunicado conjunto en el que ambos Ejecutivos dan cuenta del inicio de una negociación para resolver el asunto que, pese a los esfuerzos de la diplomacia española, llevaba meses encallado.
“La incorporación de dichas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España. Por ello, hemos decidido conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales. Este diálogo bilateral comenzará a la mayor brevedad a cargo de nuestros respectivos Ministerios de Exteriores”, decía la declaración. Alemania había sido hasta ahora uno de los principales obstáculos para aprobar la iniciativa a la que Sánchez se comprometió con los de Puigdemont, junto con la aprobación de la amnistía, a cambio de que facilitaran su investidura.
No parece que el compromiso hispano-alemán vaya a ser suficiente para que Junts eche el freno a su decisión de romper relaciones con Sánchez, pero sí demuestra tal y como recordó el presidente el jueves desde Bruselas que el Gobierno cumple con lo acordado y que la ventanilla para los reproches no está en la Moncloa, sino en Bruselas –para el caso de las lenguas oficiales– y en el Poder Judicial, que es donde están las resistencias a cumplir con la ley de amnistía aprobada por las Cortes y validada por el Tribunal Constitucional. En todo caso, la última treta de los junteros tiene más de táctica electoral ante el auge de Aliança Catalana que de cualquier otra cosa. Puigdemont necesita desmarcarse de Sánchez ante el nuevo ciclo electoral y el temor de sus alcaldes a perder el único poder institucional que ostenta en este momento la vieja convergencia, pero en la Moncloa prefieren mantener la prudencia hasta la reunión del lunes en Perpiñán porque “Puigdemont es impredecible”.
Entretanto, el resto de partidos se miran de reojo a la espera de conocer el alcance de la decisión de Junts mientras activan el modo electoral por lo que pueda pasar. Feijóo ha abierto de par en par la puerta de Génova a Puigdemont y fantasea con que el de Waterloo pudiera apoyar una moción de censura. Pero de momento se prepara ya para un tiovivo de elecciones autonómicas que, probablemente, comiencen con las de Extremadura antes de las Navidades, seguidas de las de Castilla y León en marzo y las de Andalucía en junio. El líder del PP busca desesperadamente una victoria electoral en los territorios con la que reforzar su liderato interno y no parece que lo vaya a tener mal, puesto que las perspectivas de la izquierda en las tres comunidades no son especialmente halagüeñas. Eso sí, en todas ellas probablemente tendrá que pactar con Vox, en claro avance en todo el territorio nacional, lo que le condenaría a lo ídem en el caso de una victoria en generales como ocurrió en 2023.
Por su parte, desde el PNV ven muy complicado que la legislatura llegue a término si no es posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha dicho el propio presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que no descarta ningún escenario, tampoco el de que las elecciones pudieran celebrarse el próximo año. Esteban es de los que creen que a Podemos le interesa una convocatoria electoral cuanto antes para confrontar con Sumar y añade que quizá “con una mayoría PP y Vox se sientan más cómodos porque en contra se vive mejor”. Todo, en su opinión, depende de la demoscopia y de si el PSOE coge fuerza frente al auge de Vox y un PP a la baja.
Opiniones aparte, la semana que arranca se presenta incierta para Pedro Sánchez, y no solo por la decisión que salga el lunes tras la reunión de la cúpula de Junts. El miércoles, tras la sesión de control en el Congreso para su habitual cara a cara con Feijóo, el presidente acudirá en València al funeral de Estado por las víctimas de la dana. Y en la Moncloa son conscientes de que Mazón no saldrá bien parado, pero que el presidente ha de estar preparado para recibir, como ya es habitual, abucheos a su llegada. Esto será la tarde anterior a su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre la trama Koldo/Ábalos/Cerdán. Una cita en la que su gabinete lleva trabajando semanas, consciente que Sánchez acude a un territorio hostil donde el PP cuenta con mayoría absoluta y donde la distribución de los tiempos es muy diferente a las sesiones del Congreso, donde el presidente abre y cierra siempre los debates. Aun así, el presidente tratará de confrontar relatos frente a datos y “demostrar que los informes de la UCO o los autos judiciales no dicen lo que dicen la derecha y sus replicantes que dicen”.
Con todo, dan por hecho que el PP convertirá la sesión en una especie de olla a presión donde mezcle la trama de corrupción que operaba en el Ministerio de Transportes, la investigación del magistrado Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez y hasta la apertura de juicio oral al hermano de Pedro Sánchez por haber ocupado una plaza de personal de dirección en la diputación de Badajoz. Saben que tras un funeral del que la derecha tratará de sacar munición política, irán al día siguiente a un Vietnam del que está aún por ver cómo saldrá el presidente.
