Un tribunal federal en California extendió una orden que prohíbe a la administración del presidente Donald Trump despedir a empleados federales mientras persista el cierre del gobierno, en medio de una demanda presentada por una amplia coalición de sindicatos.
Así lo informó la organización Democracy Forward.
La decisión la emitió la jueza Susan Illston, del Tribunal de Distrito del Norte de California, tras una audiencia celebrada el 28 de octubre. La corte detalla que la orden judicial preliminar impide al gobierno ejecutar despidos masivos o aplicar recortes de personal ya aprobados mientras avanza el litigio.
El cierre de gobierno entró el lunes en su quinta semana, sin un acuerdo visible entre los demócratas y los republicanos en el Congreso.
Los sindicatos, representados por Democracy Forward, Altshuler Berzon LLP y el Democracy Defenders Fund, acusan a la administración de violar la ley al intentar obligar a empleados suspendidos temporalmente a trabajar sin paga para ejecutar despidos.
La demanda, presentada originalmente el 30 de septiembre por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales, se amplió posteriormente.
Se incluyeron otros siete gremios, entre ellos el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la Federación Nacional de Empleados Federales y el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro.
La acción judicial cubre a todos los departamentos del gabinete y a 24 agencias independientesincluyendo programas o unidades con representación sindical activa, señaló Democracy Forward.
El gobierno de Trump usa el cierre “como un pretexto”
Los líderes sindicales celebraron la resolución judicial y la calificaron de “victoria para los trabajadores federales” frente a lo que consideran una maniobra política de la Casa Blanca.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, afirmó que el gobierno está usando el cierre “como pretexto para despedir ilegalmente a miles de empleados federales”, en especial a quienes gestionan programas que la administración considera “incómodos”.
Por su parte, Lee Saunders, titular de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales, destacó que la orden judicial brinda “un respiro” a los empleados públicos que ya estaban sin sueldo y bajo amenaza de despido.
“A diferencia de los multimillonarios de esta administración, los trabajadores del servicio público se dedican a servir a sus comunidades. Estos intentos de despidos masivos serían devastadores tanto para ellos como para las personas a las que sirven”, dijo.
Desde el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, su vicepresidenta ejecutiva Heather Conroy calificó los despidos propuestos como “tan crueles como ilegales”, mientras que Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, acusó al presidente Trump de “castigar políticamente” a los empleados públicos.
El presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, Randy Erwin, agregó que la Casa Blanca está usando el cierre como “una herramienta para debilitar la función pública y los servicios esenciales de los que depende el pueblo estadounidense”.
La coalición sindical insiste en que los despidos no solo violarían la legislación laboral, sino también el principio de neutralidad del servicio civil. “La ley prohíbe categóricamente estos despidos masivos”, subrayó Norm Eisen, presidente ejecutivo del Fondo de Defensores de la Democracia.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que lidera el proceso, representa a más de 800,000 trabajadores federales y del Distrito de Columbia. Ha prometido continuar la batalla legal “hasta asegurar que ningún empleado público sea utilizado como moneda política”.
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